El estado de Michoacán ha sido laboratorio experimental de la nueva práctica de suspender garantías individuales en forma generalizada, saltándose a la torera las disposiciones del artículo 29 constitucional. Sin oír a los secretarios de Estado y sin obtener previamente la aprobación del Congreso, el Ejecutivo federal, usando soldados, policías y marinos, pulverizó las garantías individuales en toda una entidad federativa y de facto, impuso el estado de sitio por tiempo indeterminado.
Se sabe, se comenta, se escribe en columnas periodísticas y en las redes sociales cuál es la intención de fondo de quien encabeza al gobierno federal: excluir a la izquierda que ha estado en el gobierno de Michoacán desde hace largo tiempo. Ese es el trasfondo, aun cuando la explicación aparente, la coartada para justificar el atropello es otra muy distinta: se trata de aprovechar el temor cultivado, el peligro exagerado, la inseguridad real, pero también fomentada y exhibida insistentemente.
Para lograr esta justificación, las oscuras oficinas donde se planeó y ordenó llevar a cabo la acción inconstitucional contaron con una amplia complicidad de muchos medios de comunicación, complacientes con la intención y el plan del titular del Poder Ejecutivo; pocos se han atrevido a poner en tela de juicio las versiones oficiales y los partes militares.
De esta acción extrema hay precedente: animadversión de Calderón contra el gobierno de sus paisanos y de ellos mismos; se recordarán declaraciones y alusiones abiertas, a veces, y veladas, otras, pero la primera expresión por vías de hecho, fue el michoacanazo, veintitantas detenciones arbitrarias, anticonstitucionales, con lujo de violencia, de personas que no se ocultaban, que no se encontraban al momento de su aprehensión en flagrancia, ni armadas, ni ocultándose, ni huyendo de la autoridad. Estaban en sus oficinas a las que cotidianamente asistían y donde todo mundo podía encontrarlas. El desenlace fue que los jueces dejaron libres a los apresados y solamente queda recluido uno, que probablemente sea también exonerado de los delitos que se le atribuyen.
El caso más grave, y hacia el futuro precedente preocupante, es el de la toma de Apatzingán y poblaciones aledañas por las fuerzas armadas en búsqueda de supuestos delincuentes. En la práctica, fue una verdadera invasión a territorio enemigo; periodistas y testigos reportan muertos y heridos, decenas de detenidos con violencia, como en el caso del michoacanazo, sin estar en flagrancia y sin sustento constitucional, saqueos, robos, vejaciones, golpizas y allanamientos de morada, no de una o dos casas, sino de poblados enteros; nadie podía reclamar ni pedir explicaciones, les iba peor; versiones periodísticas han dicho que la orden era acábenlos, no iban a detenerlos iban a matarlos y para ello se emplearon toda clase de armas de guerra y disparos desde helicópteros artillados. Fueron soldados contra vecinos.
No se trata de defender a delincuentes, sino de advertir sobre una práctica inadmisible en un estado de derecho; si permitimos sin denunciar estos hechos, fácilmente se volverán a repetir; el pretexto de la inseguridad y el fomento del miedo, están ahí, para justificar lo que sea.
Otro caso en el contexto de Michoacán es la persecución al ahora ex diputado Julio César Godoy Toscano, cuya historia me recuerda la del general Gallardo, quien ganaba un amparo e inmediatamente le iniciaban una nueva averiguación previa. No sé si el ex diputado tiene alguna culpa; no lo conozco personalmente y nunca he cruzado palabra con él, pero mi apreciación es que el procedimiento para quitarle el fuero tiene algo de reprobable, equívoco y acusa violaciones procesales. Un ejemplo: el agente del Ministerio Público tenía que acusarlo ante los diputados constituidos en tribunal de procedencia, pero se limitó a dejar por escrito su acusación y lo mismo hizo el defensor; todo ello, pocos minutos antes de que el dictamen de la Comisión Instructora se pusiera a votación, lo cual significa que los diputados votaron el desafuero sin conocer acusación y defensa, sin oportunidad de leer los documentos ni escuchar a las partes.
Dos o tres diputados tuvieron valor y se atrevieron, desafiando el linchamiento mediático, a señalar las irregularidades que se estaban cometiendo; lamentablemente, la mayoría votó conforme las consignas de sus coordinadores y otros pocos, indecisos, se abstuvieron.
Mal precedente; independientemente de la culpabilidad o inocencia de un diputado sometido al juicio de procedencia, los legisladores no debieron olvidar el sentido del fuero, es la defensa de ellos mismos, de su libertad y de su autonomía, es su escudo frente a posibles atropellos del Ejecutivo. El fuero surgió en la historia constitucional para defender a los legisladores del poder de quien tiene mando de fuerzas y puede emplear acusaciones y denuncias con fines políticos.
Aunque fuera como legítima defensa y por solidaridad, con base en las dudas razonables que se desprenden de la negativa de varios jueces a procesar a Julio César Godoy, lo que indica que se trata, cuando menos de un asunto muy discutible, sus colegisladores pudieron votar siguiendo el principio jurídico in dubio pro reo, en caso de duda, absolver y votar contra el desafuero, que es parte de la campaña por Michoacán. Lamentablemente, volvieron a perder una oportunidad y dieron un paso más hacia la demolición del estado de derecho y en favor del autoritarismo.
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