Ley de Víctimas. Una lectura
El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato reconociendo la labor del Padre Alejandro Solalinde[i], marcando su distancia de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo[ii] y ahora celebrando la publicación de la Ley General de Víctimas que se publicó antier en el Diario Oficial de la Federación, donde declaró que “se cumple con un compromiso ético con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”[iii].
Estos hechos no pueden leerse de manera aislada, porque en conjunto envían un mensaje: el ejercicio del poder presidencial a través de reconocimientos, reformas, promulgación de leyes y decretos que, al menos en la superficie, tranquilicen a la opinión pública y consoliden la certeza de que México tiene líder y éste dirige atinadamente los destinos de la nación, pero ¿es así?
En el marco de la firma de esta controvertida ley, múltiples actores se han inconformado. Entre ellos, Alejandro Martí ha puesto el dedo en la llaga: “La ley prevé un esquema en el que el Estado debe reparar el daño cometido por un particular, lo que implica que los contribuyentes tendrían que cubrir el daño causado por el delincuente y esto tiene un costo incalculable”[iv]
Sin embargo, algunas preguntas siguen en el aire ¿Es esto un avance en materia de justicia? ¿es una muestra (otra) del regreso del viejo PRI? Cuando Miguel Ángel Osorio Chong afirma que “la ley es perfectible” y el poeta Javier Sicilia sostiene que “esta ley no debería existir” y que “no es suficiente”[v], asumen una postura ambigua que lejos de brindar justicia a las víctimas, legitima una forma de gobernar basada en supuestos y (aparente) buena voluntad.
La historia demuestra, estimado lector, que el modus operandi de los priistas en el poder se circunscribe al discurso, el micrófono y los flashes de las cámaras.
Confiar en que el incipiente gobierno verdaderamente promoverá la impartición de justicia en México, es desconocer que gracias a esas mismas redes de corrupción e impunidad deben su regreso al poder y la consolidación del mismo depende de qué tan hábiles sean para convencer a personas, asociaciones y comunidades quienes de buena fe confían en ellos de que verdaderamente hacen su trabajo.
Por lo pronto, temas como la educación, la protección a migrantes y la justicia a las víctimas han sido “palomeados” de la agenda del nuevo presidente, aunque usted y yo sigamos preguntándonos ¿la aprobación de la Ley General de Víctimas representa un paso adelante en materia de derechos humanos? ¿ combate en realidad al crimen organizado? “es perfectible”, es el tótem mantra del presente gobierno para curarse en salud.
Lo cierto es que el nuevo gobierno no ha aclarado del todo qué parte de la estrategia de combate al crimen organizado implementada en el sexenio anterior se mantiene y qué parte es rediseñada. Eso, a mi juicio, es más importante que todos los decretos, leyes y tratados coronados por los flashes y la sonrisa del nuevo presidente[vi].
¿Usted qué opina, estimado lector?
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