Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, dijo que la eventual aprobación de una reforma que permita mayor inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) podría propiciar un crecimiento de 2 por ciento en el producto interno bruto, y permitir una disminución en las tarifas de energéticos y electricidad.

Las expresiones del funcionario son, en lo medular, una reiteración de la argumentación falaz que acompañó la intentona privatizadora de la pasada administración federal, cuya piedra de toque fue la fábula oficialista del tesoro en aguas profundas.

En efecto, la afirmación de que la privatización de Pemex generará un impulso de 2 por ciento a la economía nacional se ve desvirtuada ante la ausencia de un estudio serio y riguroso que justifique semejante aseveración, y resulta particularmente insostenible en un momento en que el proyecto de reforma energética –según reconoció el propio titular de la Sener– se encuentra aún en proceso de redacción. En tal perspectiva, es inevitable concluir que los datos mencionados por Coldwell –como fue el caso de los argumentos esgrimidos hace un lustro por el gobierno calderonista– son sólo propaganda gubernamental.

Ciertamente, las acciones del gobierno federal deben ir orientadas a reactivar y promover el crecimiento de una economía que acusa un severo estancamiento en términos reales en las pasadas décadas. Sin embargo, para ello no es necesario, ni mucho menos conveniente, transferir los filones más redituables de la industria petrolera nacional a la iniciativa privada: para lograr este propósito, lo procedente, en cambio, sería que la administración pública dejara de emplear el dinero público en asuntos suntuarios y hasta insultantes, redujera los estipendios de sus altos funcionarios y reorientara el presupuesto a la reactivación de la economía y el mercado interno; que emprendiera una campaña de moralización y combate a la corrupción en oficinas públicas, particularmente en las de Pemex; que se abstuviera de usar la renta petrolera para sufragar el gasto corriente, frene la confiscación de las ganancias de la paraestatal y cobre los impuestos que corresponden a las grandes empresas y fortunas personales.

En la medida en que la administración actual no muestre voluntad de avanzar en esas direcciones, no hay justificación económica ni política alguna para revivir un proyecto privatizador ampliamente debatido y rechazado por la sociedad. Por el contrario, el secretario de Energía enrarece, con sus declaraciones, el clima político previo a la discusión de dicha reforma, alimenta innecesariamente un nuevo factor de desacuerdo y polarización social, y socava la seriedad y la credibilidad de la secretaría que encabeza