JESUSA CERVANTES
MÉXICO, DF, 4 de noviembre (apro).- El Grupo Plural de la Cámara de Diputados decidió hoy presentar al pleno dos proyectos de controversia para que éste determine, en la sesión del próximo martes, si interpone dicho recurso legal contra el decretazo que extinguió Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En una reunión de trabajo encabezada por el priista Alfonso Navarrete Prida, la mayoría de os integrantes del Grupo acordaron que sea el pleno el que diga la última palabra ante el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) y la indefinición del PRI.
Jaime Cárdenas, diputado del Partido del Trabajo (PT) e integrante del Grupo Plural, explicó que hay una división en esa instancia, pues por un lado PRD, PT y Convergencia consideran que sí procede la controversia, en tanto el PAN mantiene su total rechazo.
"Por ello se decidió llevar el tema al pleno, (aunque) nosotros como grupo presentaremos dos proyectos, uno en el que sí procede y otro en el que no es viable la controversia constitucional", comentó.
Explicó que la razón por la que se presentarán dos proyectos "es porque no hubo consenso con PAN y PRI. Los panistas presentaron varios argumentos en contra y un documento que les elaboró la Fundación Estrada Iturbide.
"La falta de consenso provocó que sea el pleno quien tome la última palabra, pero en realidad todo depende del PRI, pues es quien puede inclinar la balanza a favor de nosotros o del PAN", admitió Cárdenas.
En tanto, la fracción del Revolucionario Institucional, a través de su vicecoordinador Jorge Ramírez Marín, llamó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, a hacer a un lado las provocaciones.
Lozano declaró hoy --en respuesta a la "toma simbólica" de instalaciones de LFC que llevará a cabo el SME en compañía de legisladores-- que "ningún fuero" justificaría "violentar" el resguardo en que se encuentran los centros de la paraestatal.
El diputado Ramírez Marín advirtió:
"Preocupa que el señor secretario del Trabajo insista en esta actitud de constante provocación, no es responsabilidad de él juzgar lo que van a hacer los legisladores. Su responsabilidad es cumplir con su trabajo, y si los legisladores hacen algo que esté fuera de la ley, el señor secretario deberá denunciarlo, pero hacer declaraciones antes que las cosas pasen, pues me parece que es una franca provocación que ya caracteriza a este funcionario", comentó el priista.
Ramírez Marín fue más allá y dijo que es Lozano Alarcón quien está actuando, desde este momento, fuera de la ley y de sus responsabilidades, al emitir opiniones que no le corresponden. "Él no es el vocero de la Presidencia ni tiene por qué reconvenir a los diputados antes de que hagan las cosas", soltó.
Ante la pregunta de si la ciudadanía debe atender la convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para no pagar el servicio de electricidad, como una forma de protesta, el vicecoordinador del PRI simplemente comentó que si se recurre a ello "será porque estamos definitivamente desamparados y porque no tenemos ninguna ley que nos proteja. Podría, el sindicato, sentirse en esa situación ante las actitudes que está tomando el secretario del Trabajo y el propio gobierno federal", aclaró.
Por otra parte, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó que desde la Presidencia de la República se haya emprendido un proceso mediático de desinformación y de linchamiento contra el SME, y al mismo tiempo se blinde a la gerencia de LFC, la verdadera responsable de la debacle de la paraestatal.
Una de las abogadas que colaboró con el Grupo Plural en la elaboración del proyecto de controversia constitucional, sostuvo que hay elementos jurídicos suficientes para que ésta proceda.
"Es muy clara la invasión de la esfera de competencia del Legislativo por parte del Ejecutivo, ya que el decreto que creó Luz y Fuerza del Centro fue por mandato del Legislativo y, por tanto, el presidente de la República debió acudir antes a este poder para solicitar la extinción de la empresa", aclaró.
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