MÉXICO, D.F., 4 de noviembre (apro).- La fragilidad de los periodistas en México es cada vez mayor, como también lo es la indolencia de los gobiernos federal y estatales, ya que hasta el momento nadie se ha ocupado de esclarecer los 20 asesinatos y 60 agresiones contra reporteros en la presente administración.
Y esa falta de claridad genera un ambiente de impunidad, denunciado en todos los foros internacionales, sin que hasta ahora haya una respuesta oficial satisfactoria.
La muerte de José Bladimir Antuna Vázquez, reportero en Durango, se suma a los 19 asesinatos cometidos contra periodistas en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, principalmente en siete estados: Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Durango. En esta última entidad, se han registrado los más altos índices de inseguridad para la labor periodística.
El pasado lunes 2, la situación de debilidad entre reporteros se manifestó con mucha claridad, pues a unas horas de que el cuerpo del reportero Bladimir Antuna García, del periódico El Tiempo, fuera hallado en Durango, en Los Mochis, Sinaloa, se informó que el locutor Francisco Íñiguez Peña fue levantado minutos después de abandonar la cabina de radio.
Esta situación ha generado un miedo comprensible entre los periodistas de esos siete estados, que junto con las directivas de sus medios han optado por la autocensura, antes de que se cumplan las amenazas de muerte de las que son objeto, ellos y sus familias.
De nada, pues, ha servido la creación de la Fiscalía Especializada parala Atención de Delitos cometidoscontra Periodistas, órgano de la Procuraduría General de la República, y tampoco las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los ataques a los reporteros son constantes, y muchos de ellos ni siquiera son registrados ante el temor de que se cumplan las amenazas. Hay un subregistro de agresiones a los periodistas y sus medios que, si se toma en cuenta, alerta aún más sobre los riesgos que conlleva la labor informativa relacionada con el crimen organizado en México.
Producto de esta situación, los periodistas mexicanos, en especial de las siete entidades mencionadas, sufren una especie de psicosis que antes sólo padecían los corresponsales de guerra.
Hay miedo, estrés, angustia, aprehensión, desconfianza y otros síntomas postraumáticos registrados en estudios clínicos y psicológicos practicados, en otros países, a reporteros que han trabajado en zonas de conflictos armados.
Pero de esto no se han percatado los distintos órdenes de gobierno e incluso las propias empresas periodísticas.
Organizaciones nacionales e internacionales han alertado al gobierno sobre el ambiente de violencia que priva entre los periodistas mexicanos que cubren las actividades del narcotráfico.
De acuerdo con las organizaciones Artículo 19 y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), 59 periodistas mexicanos han sido agredidos, de los cuales tres fueron asesinados en el tercer trimestre de este año.
En su Tercer Informe Trimestral sobre Agresiones contra la Libertad de Expresión en México, ambas agrupaciones señalan que hay "algunas tendencias inquietantes que sugieren que la situación de vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión sigue empeorando".
Además, advierten sobre la existencia de "un ambiente de impunidad". Y añaden que las autoridades "siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones registradas".
Pero no todas las agresiones contra periodistas han provenido del crimen organizado, también están involucradas distintas autoridades, según las organizaciones civiles.
"Las violaciones más graves, como asesinatos y desapariciones, se atribuyen en su gran mayoría al crimen organizado. Sin embargo, el registro de las agresiones de este tercer trimestre sigue apuntando a las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno (federales, estatales y municipales) como las responsables en la mayoría de los casos (71.19%)", puntualiza el reporte presentado meses atrás.
En tanto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que es necesario que el Estado mexicano impulse con firmeza las investigaciones sobre los crímenes y amenazas contra periodistas y adopte medidas urgentes.
Sin embargo, estos llamados han tenido poco eco. La vulnerabilidad entre periodistas mexicanos crece y el número de asesinatos se incrementa, en medio de la desidia oficial y la fuerza cada vez mayor del crimen organizado.
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