BAJO RESERVA

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré, en su calidad de vocero de la “narrativa anticrimen”, dijo ayer que 80% de las 28 mil 353 muertes violentas que el gobierno federal tiene registradas desde el inicio del sexenio, está relacionado directamente con las luchas entre cárteles rivales. El dato se suma a otro, el del propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ha sostenido en diversas ocasiones que 90% de las muertes violentas “obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros” y que los decesos de civiles inocentes en el fuego cruzado “son realmente los menos”. El detalle es que no existen averiguaciones previas que sustenten los dichos. El 21 de junio, cuando las instancias oficiales atribuían 22 mil muertes al crimen organizado, sólo se habían iniciado mil 200 averiguaciones previas. Y aún más, la propia procuradora de Chihuahua, Patricia González, reconoce que “son tantos los muertos que no tiene caso investigar”. Entonces habría que preguntar, nuevamente, de dónde sacan los números y las grandes afirmaciones.
Por cierto, ayer el mismo Presidente fue víctima de sus propias fallas en comunicación. A pesar de tener al lado a Alejandro Poiré, al abrir los trabajos de la mesa de conclusiones de los Diálogos por la Seguridad —en el Campo Militar Marte—, informó de la muerte del agente del Ministerio Público que indaga la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas. Minutos después, y ante el rector de la UNAM, José Narro Robles, líderes empresariales, religiosos y académicos, Calderón corrigió: ciertamente, está desaparecido, pero no se reporta información acerca de su fallecimiento. Cuidado, que no es la primera vez que en su afán de dar partes de guerra en tiempo real da por muerto a alguien. Hay que recordar que también en un acto público “confirmó” el deceso del administrador de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, quien fue secuestrado el 1 de junio de 2009. Luego también rectificó.
El que los priístas no disimulen que van a imponer su fuerza en la Cámara de Diputados para quedarse con la Mesa Directiva, tiene muy molestos a los perredistas. Nos cuentan que algunos legisladores del sol azteca han expresado públicamente que el “manotazo” no es otra cosa que una represalia por las alianzas entre el PAN y el PRD, pero que no lo van a permitir. Por lo pronto se llevan a cabo negociaciones con la coordinadora de la bancada panista, Josefina Vázquez Mota, para asegurar que un perredista se quede con la Junta de Coordinación Política, posibilidad que al parecer no disgusta a la líder de los blanquiazules. Los enterados anticipan días de rispidez y de un intenso estira y afloja entre todas las fuerzas representadas en el Congreso, donde se pondrá más a prueba el peso específico del tricolor y la efectividad de las alianzas en terrenos más finos, que el mero pragmatismo electoral.
Apunte final: El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, aprendió la lección: eso de bajar impuestos es un tema que ni siquiera se debe considerar. Ayer mandó un mensaje a los priístas que impulsan una disminución del IVA de 16% a 15%. Les dijo que todo tiene un costo y que si disminuyen los impuestos va a disminuir la recaudación tributaria y, en ese caso, “habría que decidir a qué dejamos de destinarle recursos, si al combate a la inseguridad, si dejamos de construir hospitales, si dejamos de atender la educación superior”.