La lucha contra el crimen organizado no será más que una sanguinaria simulación a menos que se ataquen las arcas de las mafias. Lo dijo el investigador Edgardo Buscaglia, junto con otros analistas, desde el principio de esta administración. Finalmente, ayer el presidente Calderón presentó una serie de cambios administrativos y propuestas legales con el fin de atender dicho sector. Es apenas un primer paso, pero más vale tarde que nunca.
Ayer el periódico estadounidense The Washington Post realizó una estimación del tamaño del problema. De acuerdo con datos gubernamentales que el diario tomó, tanto de Estados Unidos como de México, ambos países apenas consiguen confiscar anualmente el 1% del dinero criminal que se mueve entre la frontera común. Eso explica por qué sin importar el número de arrestos, retenes y operativos los cárteles mexicanos siguen acumulando poder e influencia.
Lo más grave del asunto es que el dinero mal habido no sólo sirve para engrosar los bolsillos de los capos o para pagar la logística criminal. Son recursos destinados a corromper policías, penetrar gobiernos, comprar armas, convertir a jóvenes en sicarios. En resumen, financiamiento para la destrucción del Estado. Con instituciones bajo constante asedio ningún país puede avanzar en lo económico, lo social y lo político.
Urgía, por lo tanto, que el presidente Felipe Calderón incorporara una estrategia económica contra los delincuentes organizados.
El primer acierto es limitar la compra en efectivo de casas, autos, barcos, aviones, joyas, apuestas y otros productos o servicios con valor superior a 100 mil pesos. Desde los años 90 se denunciaba que la adquisición de bienes y el uso de casas de apuestas ocultaba dinero ilícito. También se busca eliminar vacíos jurídicos que hoy permiten el uso de testaferros que ocultan operaciones ilícitas y se corrigen los defectos que impedían la correcta aplicación de la extinción de dominio.
Parece que esta vez los Diálogos por la Seguridad, que los críticos calificaban como mera puesta en escena del presidente Calderón, sí fueron más allá de la retórica. Hay que reconocerlo. Falta esperar que estas medidas deriven en efecto en una investigación fiscal a las empresas legales que proveen de infraestructura operativa a los grupos criminales.
Habrá que ver si el Ejecutivo anuncia en próximas fechas otras medidas resultantes de las consultas con la sociedad, los empresarios y los gobernantes, como la prevención social del delito. Sólo de esa manera la lucha contra el crimen será no sólo vistosa, sino también efectiva.
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