Ninguna actividad industrial está exenta de sufrir un accidente, sobre todo cuando implica en su manejo sustancias delicadas, como el petróleo. Indigna, sin embargo, que suceda un accidente en Pemex cuando se ha documentado de manera amplia el robo de combustibles, su daño patrimonial a la nación, las agresiones que sufre su personal por este motivo y el peligro de explosiones, como la que ayer enlutó a San Martín Texmelucan, Puebla.
Todo parece indicar que las autoridades han sido omisas en su responsabilidad de salvaguardar instalaciones energéticas que son estratégicas para la vida de comunidades enteras, la economía mexicana y la seguridad nacional.
La explosión de ayer en dos ductos de la Estación de Bombeo número 7 de Pemex ha dejado un número todavía por cuantificar de muertos,heridos, casas dañadas y muchas preguntas sobre cómo evitar que vuelva a suceder algo similar.
Si se confirma la hipótesis de que el robo de combustible fue el causante de la tragedia, habrá que recordar lo publicado por este diario en agosto pasado, que con información reservada de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, se sabía que el hampa aprovecha la falta de monitoreo y control en tiempo real de las operaciones de descarga y distribución de hidrocarburos, para extender una red propia hacia todos los puntos del país.
Tal diagnóstico proponía desarrollar ingeniería básica y de detalle, así como las especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para una automatización integral de la vigilancia de ductos. Ayer no hubo forma de controlar a los ladrones, y los resultados están a la vista.
No bastan los llamados a realizar “una investigación a fondo”, o a prometer que “se aplicará todo el peso de la ley a los criminales”. Eso no consolará a las familias de las víctimas, ni hará sentir seguro a México. Sí, hay que dar con los culpables, pero también se necesitan correcciones estructurales. Monitoreo real, kilómetro a kilómetro, de nuestra muy vulnerable red de ductos, que además de ser “ordeñada” todos los días, puede ser vandalizada, como sucedió hace tres años, sin que hasta la fecha haya ostensibles avances en materia de seguridad.
Texmelucan es otro pozo a tapar después del niño ahogado. Éste no se puede quedar abierto y con planes a medias. Por costoso que sea proteger las instalaciones de Pemex, es urgente revisar sus prioridades de inversión y los gastos que se hacen de manera generosa en otros rubos, como el gasto corriente, por ejemplo, para encontrar los recursos que amparen la seguridad de la paraestatal y la vida de los mexicanos.
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