El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante su primera reunión con funcionarios en el Palacio de la Moncloa, el pasado 23 de diciembreFoto Reuters
Mariano Rajoy logró llegar al gobierno e iniciar su estancia en La Moncloa como lo hacen los políticos de verdad: mintiendo. En su campaña electoral y durante el debate de investidura (19 y 20 de diciembre pasado) en el Congreso de los Diputados prometió a los españoles no subir los impuestos, porque hacerlo equivaldría a más paro (desempleo) y más recesión, y ello va a afectar a las clases medias y a las clases trabajadoras, que son las que están sufriendo las políticas que estamos viviendo en España (léase las del PSOE); mi intención es no subir los impuestos, porque con las dificultades que están teniendo las empresas y los españoles no me parece lo más razonable.
Pues bien, apenas una semana después de asumir la presidencia española, en nombre del ultraderechista Partido Popular, el inquilino de La Moncloa, por medio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, anunció un brutal incremento a los impuestos y explicó que el objetivo del golpe fiscal son los trabajadores: Gracias a la mayor presión sobre los asalariados, Hacienda confía en recaudar 4 mil 111 millones de euros suplementarios, mientras las rentas de capital aportarán mil 246 millones extra. El Ejecutivo cuenta además con recaudar 918 millones más gracias al impuesto de bienes inmuebles, y en torno a 200 eliminando la bonificación que hasta ahora tenía el gasóleo profesional. En total, estos nuevos recargos están diseñados para aportar 6 mil 475 millones de euros. De esta cantidad, 65 por ciento procede de los impuestos sobre el trabajo (El País, Luis Doncel).
De acuerdo con la misma fuente, “el gobierno (de Rajoy) insistió en que los cambios fiscales, ‘temporales y progresivos’, afectarán a los que más tienen. El problema es que los que más tienen son prácticamente irrelevantes en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyos ingresos dependen sobre todo de las clases medias. Porque de las casi 19.3 millones de declaraciones (fiscales) hechas en 2008, sólo 0.1 por ciento del total tenían una base impositiva superior a 360 mil euros (algo así como 6 millones 800 mil pesos mexicanos). Sólo a este 0.1 por ciento de contribuyentes les afectará la subida máxima de siete puntos porcentuales en el tipo aplicable, que pasará a 52 por ciento. Los que declararon una base imponible inferior a 21 mil euros (casi 400 mil pesos al año) suponían más de 65 por ciento de los contribuyentes”.
En el portal electrónico de La Moncloa –sede del gobierno español– (el cual, dicho sea de paso, es prácticamente idéntico al de Los Pinos, o al revés, si se prefiere) se lee que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que las medidas tratan de salvaguardar a los más débiles; no podemos pedir sacrificios a quienes no pueden dar más. Eso dijo, pero a final de cuentas por discursos no para (como en el caso de Calderón y sus buenos muchachos), pues las anunciadas constituyen las primeras medidas de muchas más que ahorcarán financieramente a los españoles de a pie, porque ellos fueron elegidos (por el gobierno de Zapatero, y ahora por el de Rajoy) para pagar el costo de la crisis, por mucho que nada tuvieron que ver en el asunto.
Como bien resume la prensa española, “no sólo habrá que pagar más por trabajar; las necesidades de reducir el déficit también van a perjudicar los intereses de los ahorradores. Durante los dos próximos años las rentas de capital superiores a 6 mil euros (110 mil pesos mexicanos, más o menos) tendrán que tributar por 21 por ciento, dos puntos porcentuales más que ahora, por 25 por ciento hasta 24 mil euros –cuatro puntos más– y por 27 por ciento –seis puntos más– las que excedan esta cifra. Con esta decisión, el gobierno del Partido Popular crea un nuevo tramo en el gravamen del capital, ya que hasta ahora sólo había dos: los que tenían menos de 6 mil euros y los que tenían más. Se vuelven a cargar las tintas sobre las clases medias… es una medida procíclica que va a empeorar aún más la situación”.
Qué bueno, pues, que aumentar impuestos equivaldría a más paro (desempleo) y más recesión, y ello va a afectar a las clases medias y a las clases trabajadoras, que son las que están sufriendo las políticas que estamos viviendo en España (léase las del PSOE); mi intención es no subir los impuestos, porque con las dificultades que están teniendo las empresas y los españoles no me parece lo más razonable Rajoy dixit). Pero no hay que amilanarse, porque todo indica que las citadas decisiones (amargas, pero necesarias, dirían en México) sólo representan el principio de lo puede ser uno de los peores cuan amargos gobiernos para los españoles.
Con el anuncio de Rajoy toman sentido concreto las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional recientemente hizo al gobierno español: “Se necesitan más reformas fiscales, incluso a escala regional… Las perspectivas siguen siendo difíciles, pues el país ha acumulado desequilibrios durante muchos años y llevará años corregirlos. Los problemas se ven agravados por los efectos persistentes de la crisis financiera mundial –que condujo a un elevado déficit fiscal– y por la actual crisis de la deuda soberana en Europa, que ha incrementado los costes de endeudamiento para los bancos españoles y el gobierno. Las autoridades españolas conocen bien los desafíos, y han diseñado medidas de política económica firmes y de gran alcance para hacerles frente. Las medidas adoptadas desde mediados de 2010 comprenden un plan de fuertes medidas iniciales para reducir el déficit fiscal, una reforma del sistema de pensiones que elevó la edad oficial de jubilación de 65 a 67 años, y medidas para hacer más atractivos los contratos permanentes. Pero, como han puesto de manifiesto los acontecimientos recientes, España aún no ha salido de la zona de peligro. Deberán adoptarse decisiones de política económica más enérgicas para reforzar la confianza del mercado y lograr que España avance hacia un nuevo modelo de crecimiento” (nótese que nunca habla de los españoles). Y Rajoy le cumplió de entrada y cabalmente.
Las rebanadas del pastel
Lúgubre panorama. ¿Qué empresas son las que registran mayores ventas en el calderonato? Las funerarias: casi 29 ataúdes por día para dar servicio a los 52 mil asesinados en cinco años. Ese es el promedio del quinquenio, pero en 2011 la venta fue de 33 cajones cada 24 horas. Pero la cuenta no termina ahí: falta el sexto y, felizmente, último año del tal Jelipe en Los Pinos.
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