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TRASCENDIÓ Trascendió Nacional
2013-03-05 •
Que, como ocurre en estos casos, Elba Esther Gordillo ha sido olvidada por sus amigos y los personajes a los que encumbró, pues según las autoridades locales y federales nadie la llama ni la visita en el centro penitenciario donde permanece recluida.
Las únicas visitas que recibe son de su familia y abogados, como la de ayer de su nieto, el diputado federal René Fujiwara.
Y como si no fuera suficiente esa ausencia de ex cuates y ex aliados, a su hija Mónica Arriola, senadora del Partido Nueva Alianza, no le fue permitido el acceso antes de que se dictara la formal prisión a La Maestra.
Que mientras estaba encerrado a piedra y lodo el juez Alejandro Caballero Vértiz para resolver la situación jurídica de Elba Esther Gordillo, en los juzgados de distrito del Reclusorio Oriente se hablaba de un gran malestar.
Y es que no dan crédito a que hasta ahora el Gobierno del Distrito Federal no pueda dar con los responsables de filtrar la ficha signalética de la ex lideresa del SNTE, cuando el juez de la causa evitó cualquier tipo de filtración para no dañar la imagen de La Maestra.
Lo único que saben es que los golpes han salido de la izquierda.
Que al vocero del PRD en la Cámara de Diputados, Carlos Reyes Gámiz, le dieron un jalón de orejas por “irse por la libre” y afirmar que el Pacto por México estaba “prácticamente roto” por la decisión del PRI de discutir el IVA en alimentos y medicinas.
El coordinador parlamentario en San Lázaro, Silvano Aureoles, y el presidente del PRD, Jesús Zambrano, se dedicaron a desautorizar al atolondrado vocero y a dejar en claro que la materia del Pacto son los compromisos firmados.
Que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, consiguió apoyo completo del PRD en el Senado, que ya alista una iniciativa para regular las policías comunitarias, para lo que han convocado como especialista a Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública federal y del DF.
El coordinador perredista Miguel Barbosa dice que con esa iniciativa no se pretende armar grupos civiles, sino que el Estado mexicano cumpla su obligación de proteger a la gente.
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