09 de octubre de 2009
Marta : ¿pública o privada?
Doc, nada más dicen AMLO y me pongo mal! (Foto: LUIS GARCÍA SOTO / EL UNIVERSAL)
La Jefa no pudo contra Proceso. Me refiero a Marta Sahagún, quien perdió en la Suprema Corte de Justicia un amparo. Solicitaba que la revista le pagara una indemnización a raíz de que ahí se publicaran pasajes de su relación marital con Manuel Bribiesca en el texto “Historia de una anulación sospechosa”.
Hasta ahí todo bien.
Sin embargo, la autora del texto, Olga Wornat, fue sentenciada a pagarle a Sahagún 500 mil pesos por “daño moral”. Palabras más o menos, algunos de los ministros arguyeron que Sahagún no era funcionaria pública aunque su posición sí tenía “proyección nacional e internacional”.
Wornat dice que no pagará. Irá a una instancia internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es una sentencia extraña y que sienta un grave precedente. ¿Por qué al medio no y a la autora sí?
Sé que hay un debate entre qué debe ser público y qué privado de un personaje público. Pero este caso sienta un precedente. Como decía ayer Salvador Camarena: el sólo involucrar a Sahagún lo convierte en un galimatías automático.
¿Quién cree que Sahagún no era “funcionaria pública”? Quizá no formalmente, pero todos sabemos que era eso y más, mucho más. ¿No dijo su propio esposo, el presidente, que él y ella eran “la pareja presidencial”? ¿No hay más que suficientes testimonios de su poder, de la operación política activísima que ejercía?
Cuando la influenza nos alcanzó. Ese podría ser el capítulo que atraviesa José Ángel Córdova, secretario de Salud, y nosotros como mexicanos.
La influenza ya está aquí. Piden reforzar las medidas de sanidad, pero ¡estamos sin vacunas! Que están haciendo negociaciones para que nos den la vacuna a precios más accesibles…
Mmmm, necesitaríamos 10 millones de vacunas contra el virus en este mes… pero ya dijeron que será en diciembre cuando lleguen.
Insisto: hay que voltear a ver a Brasil (también) en esto. ¿Qué hizo el gobierno de Lula cuando las farmacéuticas se pusieron moños con los precios de los antirretrovirales del VIH? Bueno, expropiaron la patente por motivos de seguridad nacional.
Está contemplado, también, en nuestra ley. ¿No sería una buena medida? Claro, se requiere decisión. He ahí el problema.
Ayer Martín Esparza entró a Los Pinos. No fue recibido por Felipe Calderón, pero sí por su secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena.
Querían hablar sólo con Calderón, ni con Gómez Mont ni mucho menos con Lozano, al que acusan de injerencista.
Al contingente de los electricistas se sumaron otros sindicalistas que ayer volvieron intransitable la capital…
Quien se había tardado en decir esta boca es mía y salir en defensa de Esparza fue López Obrador. Que el gobierno federal prefiere meterse con los sindicatos democráticos, pero no, por ejemplo, con el de los petroleros.
Y ahí está el dilema. Como hace unos días lo decía Gabriel Guerra Castellanos: qué es preferible, ¿un sindicato autoritario, que enriquece sólo a sus líderes, o un sindicato “democrático” que, por tanto repartir, quiebra a la compañía?
Lo cierto es que si lo que quería el gobierno de Calderón era vender la compañía, ¿para qué darle tantas vueltas?
Hoy finaliza el periodo de registro para los suspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado irá hoy Emilio Álvarez Icaza a registrarse.
Ayer acudieron Luis Raúl González Pérez, ex fiscal de la PGR y abogado general de la UNAM, y Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico para Derechos Humanos. Isabel Miranda de Wallace registró a Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH. También se apuntó Mauricio Farah, ex visitador de ese organismo.
Parte fundamental de la decisión de quién será el nuevo ombudsman nacional recaerá en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la petista Rosario Ibarra, quien hasta el momento nadie sabe por quién se inclina.
Me dicen que querían una comida discreta. ¡Pero fue todo lo contrario! Y es que, con tal cantidad de guaruras, ¿cómo no darse cuenta de que en ese discreto restaurante comían Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán, con cara de preocupación, y Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación?
Los padres de familia de los 49 menores muertos en la guardería ABC se quejan de la indiferencia de funcionarios hacia las investigaciones de este caso. ¿De la carta que entregaron a Los Pinos? Ninguna respuesta. Estas líneas son para recordar a Ximena Álvarez Cota, una de las pequeñas que no debió morir el pasado 5 de junio.
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