Por si no fueran suficientemente explícitos los conflictos que ha provocado el gobierno con los sindicatos minero y electricista, de actitud reaccionaria y neoliberal, el problema en Mexicana de Aviación viene a reforzar la tesis de que se pretende acabar con las organizaciones sindicales democráticas con la utilización ilegítima de las disposiciones fascistas de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia colectiva, claramente heredadas desde 1931 de la Carta del Lavoro, impuesta por Mussolini en Italia, que seguramente Calles conoció en su visita de vacaciones a aquel país y transmitió puntual a Ortiz Rubio para que aparecieran en la legislación mexicana.
Dos son las características esenciales de esa política: el registro y la toma de nota de los sindicatos y la constitución de juntas de conciliación y arbitraje que heredaron del código italiano la figura de las magistraturas del trabajo: tribunales dependientes del Poder Ejecutivo como lo son las juntas en México.
Recuerdo que con Aeroméxico se utilizaron estrategias semejantes. La venta de dos DC-8, que implicaría la pérdida de empleo de muchos trabajadores, condujo a los sindicatos de sobrecargos y de tierra a emplazar a huelga para evitar esa venta. En la audiencia de conciliación se puso de manifiesto que la empresa quería la huelga. El sindicato de sobrecargos, ante la sospecha, prefirió desistirse. El de tierra no, y se produjo la suspensión de labores. Al día siguiente un juez de lo concursal declaró en quiebra a Aeroméxico y, previa la autorización de los acreedores (el Estado mismo), dio por terminadas las relaciones de trabajo. De paso se inventó como nueva línea la Sindicatura de Aeroméxico y se consumó con ello un enorme fraude contra los sindicatos democráticos. Fue sorprendente que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México no se haya solidarizado con los otros dos sindicatos.
Ahora Mexicana cuenta con dos sucursales que supuestamente son solventes y eficaces, con lo que mantiene vivo el negocio, una especie de sindicatura previamente planeada. La declaración de quiebra puede venir en cualquier momento.
Pero lo que es más que evidente es la complicidad oficial con estas maniobras, que uno diría han sido preparadas por el propio gobierno. Asistimos a una etapa de feroz antisindicalismo que hace sospechar que haya sido planeada desde antes y puesta bajo la custodia de Javier Lozano, que en eso de ser antisindical es el campeón. Da la impresión de que el PAN se ha impuesto esa tarea como algo principal, obviamente en beneficio de sus aliados del sector empresarial.
Los dos proyectos de LFT que han sido presentados por la Secretaría del Trabajo, el primero en tiempos de Carlos Abascal y el segundo producto del trabajo del grupo de Javier Lozano (con la sospechosa ayuda de la Coparmex), han procurado destruir los principales derechos de los trabajadores. En esos proyectos proliferan los contratos a prueba y los temporales, que se respaldan en la tesis de que son instrumentos que favorecen el empleo. Y ahora se tolera el outsourcing, una maniobra indecente que provoca que una oficina de contratación de trabajadores, que cuenta con un contrato colectivo de protección, los alquile a las empresas garantizándoles, inclusive con fianzas, que no tendrán problemas laborales porque no son sus trabajadores. Lo que incluye, de manera principal, la supuesta liberación de la obligación de pagar utilidades y una libertad de despido cuyas consecuencias asume la empresa arrendadora que ya se encargará de evitar esos problemas con la intervención de su sindicato.
El outsourcing nació para efectos mercantiles, cuando las grandes empresas advirtieron que podían encargar la fabricación de piezas a industrias ubicadas en países de salarios bajos –México, por ejemplo–, reservándose solamente el armado final y teniendo la oportunidad de vender más barato. La idea no era mala, pero en México la hemos convertido en un vicio intolerable con el que los empresarios tratan de evitar responsabilidades laborales que asume el arrendador, por supuesto que esencialmente insolvente. Claro está que se viola el concepto mismo de relación de trabajo que se traduce en que un trabajador preste servicios a una empresa a cambio de un salario. En el outsourcing se supone que los servicios se prestan al arrendador aunque no sea así.
Una de las soluciones sería suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y crear jueces de lo social dependientes del Poder Judicial. Así se hizo en España cuando llegó la democracia. Aunque reconozco que no siempre, entre nosotros, el Poder Judicial funciona con independencia. Otra solución será el cambio político. Parece ya indispensable aunque tampoco el PRI garantiza mucho, dados los antecedentes. Y con el PRD aliado al PAN, las esperanzas se desvanecen. A los trabajadores corresponde encontrar la solución.
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