Carlos Fernández-Vega
Manuel Borja Chico, director general de Mexicana de Aviación, aseguraba en su conferencia de prensa del pasado 2 de agosto que antes de solicitar el concurso mercantil agotaremos otras posibilidades de negociación con nuestros acreedores, pero tan honesto fue su compromiso que mientras eso afirmaba ante los medios de comunicación, los sigilosos abogados de la aerolínea presentaban tal solicitud ante un juzgado de distrito del Distrito Federal, y menos de 24 horas después hacían lo propio en una corte de Nueva York, con lo que el representante de Gastón Azcárraga Andrade y socios descaradamente mintió y, de paso, violó el acuerdo de los accionistas de tal consorcio (tomada en asamblea del 30 de julio), de que seguirían la referida ruta sólo después del 9 de agosto, y agotadas las posibilidades llegar a un acuerdo con la parte sindical.
Todo indica que en esta ocasión el chantaje lanzado en conferencia de prensa por Borja Chico, con instrucciones precisas de Azcárraga Andrade (la inminente quiebra de la aerolínea), no tuvo el efecto deseado, no pegó –cuando menos de inmediato– en el sensible corazón de los siempre dispuestos funcionarios rescatistas (con dineros de la nación, desde luego), y de plano las cabezas visibles del corporativo se vieron en la penosa necesidad de adelantar los tiempos marcados por los accionistas de Mexicana de Aviación para el concurso mercantil, toda vez que el supuesto exhorto a los trabajadores y a su sindicato no era precisamente para negociar, sino para que acataran la instrucción, que aceptaran calladamente el brutal recorte salarial que les tenían preparado.
Eso sí, la solicitud de concurso mercantil no incluye al corporativo en su conjunto, sino que se limita a una sola empresa, Mexicana de Aviación, y deja fuera de la emergencia a las muy productivas aerolíneas de bajo costo Clik y Link, de su propiedad, en espera de que el erario sea puesto a su servicio una vez más, posibilidad que no se ha cancelado. El error de Azcárraga Andrade y de su vocero Borja Chico fue anunciar públicamente lo que es costumbre negociar en lo oscurito para que los dineros de la nación fluyan generosamente a favor de causas privadas, mientras el gobierno federal inventa un pretexto para justificar el rescate, como se ha hecho en innumerables ocasiones y sectores reprivatizados en los casi 30 años de neoliberalismo a la mexicana.
Pero a fin de cuentas lo de Mexicana de Aviación no es nada nuevo, mucho menos la quiebra de una empresa perteneciente al oneroso circuito privatización-estatización-reprivatización-restatización (etcétera, etcétera). De hecho, ha sido la norma desde prácticamente su fundación 89 años atrás (primero extranjera, después de capital foráneo y nacional, más adelante sólo nacional, con participación minoritaria del gobierno, sólo de éste, rescate, saneamiento, reprivatización, de nueva cuenta en manos del gobierno, para regresarlo a manos privadas y de estas a las gubernamentales, y lo que se acumule). ¿Cuánto le ha costado a la nación este ignominioso cuan improductivo circuito, porque los perdedores nunca han sido los empresarios?
Mientras se hace el cálculo, va un poco de historia sobre la reciente reprivatización de Mexicana de Aviación, la misma que en 1994 logró reestatizar Gastón Azcárraga Tamayo, padre de Gastón Azcárraga Andrade, desde diciembre de 2005 accionista mayoritario de la aerolínea que hoy solicita el concurso mercantil. La más reciente privatización de la aerolínea favoreció ampliamente al presidente del Grupo Posadas –Azcárraga Andrade–, quien no sólo la obtuvo a precio de regalo, sino que minutos después de firmar el contrato de traspaso revendió a otros hombres de negocio una buena rebanada del pastel accionario de la aerolínea, cuyo rescate (Fobaproa de por medio) costó, cuesta, al erario miles de millones de pesos.
En los primeros nueve meses como propietario de Mexicana de Aviación, Azcárraga Andrade y socios habían despedido a mil 800 trabajadores –de confianza y sindicalizados–, vendido la llamada torre insignia de la aerolínea (en la calle de Xola, por alrededor de 80 millones de dólares) y recortado 25 por ciento el salario del personal que libró la reducción de plantilla, al tiempo que exigía al gobierno federal que le regresara una cantidad por ajustes en el precio de venta. El 20 de diciembre de 2005 se oficializó que Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, fue el ganador de la puja por la citada empresa: 94.5 por ciento de las acciones pasaron a ser propiedad del corporativo hotelero, mediante el supuesto pago de 165.5 millones de dólares.
Cintra (el ente concentrador de las aerolíneas rescatadas) y el IPAB (el rescatador, heredero del Fobaproa) reconocieron a Posadas como ganador, y ese 20 de diciembre firmaron el contrato de compra-venta de las acciones, cuyo precio en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó alrededor de 40 por ciento en unos cuantos días, obviamente previos a tal firma. Tras adquirir 94.5 por ciento de los títulos, el citado grupo –propietario, en singular– revendió parte de las acciones a siete inversionistas que no participaron en la licitación, cuyas empresas fueron constituidas pocos días antes del anuncio oficial del ganador y que hoy son los propietarios, en plural. Una de ellas, Administradora Profesional de Hoteles, constituida 12 días antes de conocerse, públicamente, el nombre del nuevo dueño de Mexicana de Aviación.
Minutos después de firmar el contrato de compra-venta, Azcárraga Andrade repartió el pastel de Mexicana de Aviación: Grupo Posadas, 29.6 por ciento de las acciones; Administradora Profesional de Hoteles, 20.08; Administradora Corporativa Empresarial, de Angel Losada Moreno (Grupo Gigante), 20.08; Gastón Azcárraga Andrade, 2.86; Juan Gallardo Thurlow (Grupo Embotelladoras Unidas), 10.44; Ixe Banco (del que es accionista Isaac Saba, del Grupo Xtra, único contrincante en la citada puja), 2.46 por ciento y otros accionistas, 9.49 por ciento. Y ahora van por el concurso mercantil.
Las rebanadas del pastel
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aporta en torno a la mágica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de recortar 60 por ciento las pensiones y jubilaciones: tal decisión ocasionará una sangría a las finanzas públicas de 100 mil millones de pesos; de aplicarse esta jurisprudencia se desatará la petición de devolución de las aportaciones pagadas en exceso al tope de 10 salarios mínimos, que el IMSS no tiene la capacidad de sufragar y que la Secretaría de Hacienda tendría que subsanar (Gustavo Rodarte de la Serna, presidente nacional del IMEF).
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