Desde hace un par de semanas suena que la bancada panista en la Cámara de Diputados obtuvo de la Secretaría de Hacienda un fondo de 600 millones de pesos para pavimentar calles. A este fondo le llaman “Comanda Azul”. Desde la semana pasada, se dice, Josefina Vázquez Mota habría encargado al diputado Alfredo Freddy Rodríguez Dávila de Monterrey que trabajara con el grupo parlamentario para repartir el ejercicio del fondo. Y así lo hizo. Pero resulta que 90% de los recursos, más de 500 millones, quedaron en sólo unas cuantas manos. Freddy está en esa lista, nos aseguran legisladores inconformes. Algunos juran que tiene una constructora y en Monterrey se dice que ofrece a los ayuntamientos “paquete completo”. Otro beneficiario es Roberto Gil Zuarth, de acuerdo con los panistas inconformes. Nos dicen que entre los dos legisladores se repartió 30% del fondo y que 120 quedaron fuera. La tarde-noche del miércoles pasado, muchos diputados, principalmente los inconformes, estallaron. Hubo acusaciones serias; entre ellas, que algunos de los beneficiarios están cobrando a los ayuntamientos amigos 10% de lo que obtengan por su gestión. Se habla de Diputados ten per cent. Nos dicen que Gil, quien quiere ser presidente nacional del PAN, habría recibido 100 millones del fondo. De ser cierto lo anterior, hay muchas dudas que deberían responderse. La primera es si “Comanda Azul” existe; o la legalidad misma de este fondo. O si otras bancadas fueron beneficiarias, o si sólo fue para legisladores del partido en el gobierno. Hay muchas más, por supuesto. Queda claro que mucha gente debe algunas explicaciones…
Los casos de las senadoras María del Socorro García Quiroz, Yeidckol Polevnsky y de otros legisladores que participan de comisiones y votan allí o en el pleno en contra de leyes que afectan industrias con las que tienen alguna relación personal o familiar, deberían causar una fuerte reacción del Congreso. Son industrias muy poderosas, las del tabaco o las de los alimentos chatarra, como para que el país confíe en la “buena voluntad” de sus políticos. Esto es lo que vemos por fuera: ¿qué sucede, realmente, bajo la mesa?
Andrés Manuel López Obrador quiere debatir con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari sobre violencia e inseguridad. El secretario de Educación, Alonso Lujambio, quiere debatir con el gobernador Enrique Peña Nieto, y con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Todos contra todos. El que instale un debatódromo desde ahora y hasta mediados de 2012, se hará rico.
Apunte final: Jorge Alejandro Medellín, ex reportero de EL UNIVERSAL y ahora en Milenio Semanal, recibió amenazas de muerte por internet en un texto sobre el general Felipe de Jesús Espitia. Se consigna aquí el dato porque ninguna amenaza es menor, y los tiempos que viven los periodistas mexicanos son de pánico. Ojalá que las autoridades acusen recibo.
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