martes, 2 de noviembre de 2010

Editorial EL UNIVERSAL La ley del más rico

¿Cuál es la relación entre los cultivos de plátanos en Nicaragua y la ley antiobesidad en México? En ambos casos hay dos sectores en pugna: el interés colectivo contra los intereses de los poderosos. En una democracia consolidada, con un Estado fuerte e instituciones independientes, el bien común prevalecería siempre. No es el caso, todavía, de América Latina.

Lo anterior viene a cuento por el documental Bananas, del director sueco Fredrik Gertten, quien ha denunciado el boicot de la trasnacional Dole Food Company. La cinta muestra los efectos nocivos que han tenido sobre la población los pesticidas usados por dicha compañía. El director cuenta, en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, cómo la empresa ha sido capaz de sacar el largometraje de otras competencias cinematográficas.

México conoce bien la historia desde otros ángulos. Tuvieron que pasar años antes de que este país homologara su normatividad antitabaco con las recomendaciones internacionales en salud. Detrás del retraso legislativo estuvieron el pago de campañas electorales de políticos, la entrega de dinero, viajes al extranjero y otros beneficios económicos, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicado en estas páginas.

Similar influencia sobre los políticos han tenido las empresas de telecomunicación, las de alimentos procesados y más recientemente una industria boyante: el narcotráfico. El origen del imperio de los intereses particulares por encima del bien común está en la corrupción, y la corrupción es posible porque los ciudadanos carecen de las herramientas —y en ocasiones de la voluntad— para vigilar a los hombres y mujeres que les representan en el gobierno y en los parlamentos.

Por eso, cuando el gobierno federal ataca las resoluciones del IFAI y se niega a explicar a quiénes ha perdonado impuestos, cuando los diputados se rehúsan a llevar un registro de sus reuniones con cabilderos, cuando los gobernadores se excusan en el federalismo para ocultar sus cuentas, en el fondo lo que podría esconderse es incluso la muerte de personas, como es el caso de la cinta Bananas. En eso hay que pensar siempre que los académicos alerten sobre ataques a las “instituciones” o al “Estado de derecho”, palabras que parecen excentricidades en un mundo de hambre e impunidad, pero que en realidad son la clave de su solución.

Los poderes fácticos, que van desde la delincuencia organizada hasta las empresas sin escrúpulos, florecen en un país de corrupción, donde las autoridades no están vigiladas ni controladas por sus ciudadanos. Ahí radica la tragedia de que México haya retrocedido en transparencia en los últimos diez años. Donde las instituciones son débiles, impera la ley del más fuerte, y el más fuerte en el mundo de hoy es siempre el más rico.

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