No tengo intenciones de entablar una interminable polémica con mi querido amigo Bernardo Bátiz sobre el estatuto constitucional del Distrito Federal. Sólo quiero responder a sus cuestionamientos, que me parecen excelentes, para hacer algunas aclaraciones. Aparte el hecho de que él tomó únicamente en cuenta el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1823 (aprobada el 31 de enero de 1824) y la Constitución federalista de 1824 para hacer sus consideraciones y no las Cartas Magnas de 1857 y de 1917, Bátiz hace afirmaciones de verdadero planteamiento que deben ser debatidas. Debo decir, en primer término, que cada Constitución da un inicio teórico a sus conceptos fundadores muy diferente. La de 1824 tiene uno que no es el de la de 1857 ni el de la de 1917. La Federación mexicana, en el texto de la de 1917, no empezó en 1824, sino que es indeterminado en el tiempo.
En efecto, la Constitución federalista de 1824 no menciona al Distrito Federal como entidad fundadora de la Federación. En ello Bernardo tiene razón. Pero es muy diferente el caso de las de 1857 y de 1917. Ahí es donde su razonamiento se pierde. Debió haber citado la de 1857, en particular. Se puede leer en su artículo 43: Las partes integrantes de la Federación son: los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de la Baja California. El Estado del Valle de México era el asiento de los poderes federales, como lo establece el artículo 46 de la misma Carta Magna. En la de 1917 se le llamó simplemente Distrito Federal.
Como puede verse, la Constitución de 1857 fue mucho más clara y determinante al fijar el estatuto constitucional de la capital. Los constituyentes de 1917 quisieron disminuirla todavía más de lo que hizo el artículo 46 de aquella Carta Magna, al quitarle sus derechos como entidad fundadora, sólo por ser asiento de los poderes federales e, incluso, por el nombre, le quitaron su identidad, que en la primera era la de ser Estado del Valle de México. Al mencionarla al final de la lista en el nuevo 43 sólo quiso decir que no la consideraban una entidad con personalidad política propia. En el debate que se dio en el Constituyente de 1856 y 1857, Ignacio Ramírez y Francisco Zarco, por una parte, alegaron la perfecta identidad de la capital como entidad federativa con todos sus derechos a salvo, lo que quería decir que su ciudadanía era plenamente soberana; Guillermo Prieto, por otro lado, alegó algo parecido a lo que dice Bátiz: la ciudad de México no puede ser otra cosa que la capital de la Federación.
Ya tendré oportunidad de comentar ese interesantísimo debate. Por ahora, volvamos con Bátiz. Es pura retórica sin contenido decir que “el Distrito Federal es… la ciudad de todos los mexicanos”, cosa que, por lo demás, no es cierta. Es la ciudad de los nueve millones de personas que viven en ella y sólo eso. No se entendería, como admite mi amigo al final de su artículo, que los habitantes del DF podamos elegir a nuestras autoridades si se le quita la categoría de entidad fundadora del Pacto Federal. ¿Sobre qué base podría ser eso? ¿Sólo por el hecho de que somos ciudadanos? En un Estado federal como lo es la República Mexicana, de ninguna manera. Si hacemos del DF sólo una ciudad capital, nuestra ciudadanía como habitantes del mismo no tiene sustento, porque se supone que no decidimos nada en torno a la Federación y a su Constitución y, como admite Bátiz, fueron los estados fundadores los que nos hicieron ciudadanos.
Ello es absolutamente inadmisible, tanto desde el punto de vista teórico constitucional como desde el punto de vista de la política práctica. En las constituciones federalistas de México (1824, 1857 y 1917) los habitantes ciudadanos del DF no son ciudadanos de la nación, como supone mi amigo, sino, al igual que los de las demás entidades, miembros de una comunidad local que dio lugar, al igual que todas las otras, a la Federación, de la cual somos parte. Somos ciudadanos mexicanos en cuanto somos ciudadanos que habitan la entidad llamada Valle de México en la Carta Magna de 1857 y Distrito Federal en la de 1917. No se trata, desde luego, de un hecho histórico, como quiere presentarlo Bátiz, al hacer referencia a la primera Constitución federalista (1824), sino teórico constitucional. En las constituciones de 1857 y 1917 el DF es una entidad fundadora del Pacto Federal y, en cuanto tal y sólo en cuanto tal, sus ciudadanos somos eso, ciudadanos que tenemos el derecho a gobernarnos por nosotros mismos.
Por otro lado, me imagino que mi amigo no está en desacuerdo con la idea que las fuerzas progresistas han planteado de que la ciudad capital adquiera plenos derechos a autogobernarse y a decidir por sí misma sus leyes y el destino que en ellas se decida. No podemos ser como el Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, donde sus habitantes tienen un régimen de inferioridad política respecto del resto de los ciudadanos de ese país. Allá, en efecto, fueron los estados los que decidieron darse una capital en un territorio cedido por dos estados (Maryland y Virginia). De sus habitantes en el futuro no se cuidaron mínimamente. Pero ése no es nuestro caso, siempre estando a lo que dictan nuestros textos constitucionales. Ahora podemos darnos ciertas leyes, aunque no todas. En el Distrito de Columbia no pueden sus ciudadanos decidir de las mismas. Todavía deberemos poder darnos todas nuestras leyes y, para eso, deberemos ser una entidad con plenos derechos y con una soberanía plena.
Ser capital, probablemente, como afirma mi querido amigo, quiere decir tener un poder especial y superior respecto de las demás entidades, pero eso no depende del hecho de ser capital, como tal, sino de una extremada concentración del poder (económico, político y cultural). Eso era inevitable en un Estado, de palabra, federalista, pero, en los hechos, centralista, como lo hicieron los priístas en sus sucesivos gobiernos. Eso no se va a evitar con sólo llamarle capital y negarle sus derechos como entidad federal. La concentración del poder va a seguir. Es una ley natural de la política. Pero eso no está a discusión. Lo que interesa de verdad es saber del destino de una masa de ciudadanos que ha sido artificialmente excluida de la política y a la que se le niegan sus derechos fundamentales como una entidad con una comunidad política que es considerada fundadora del Pacto Federal.
Una vieja bandera de las izquierdas fue hacer del DF un nuevo estado de la Federación (que ya lo es). Lombardo propuso que se le llamara Estado de Anáhuac. Los panistas y los priístas quieren que sea la capital de la Federación. Bátiz, como yo lo veo hoy, con formidables títulos, es un hombre progresista y, también, de izquierda. No lo puedo ver como un panista ni, mucho menos, como un priísta (al estilo de la senadora María de los Ángeles Moreno). Creo que, en el fondo, él está de acuerdo con nosotros.
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