21 de septiembre de 2009
Los acontecimientos van a obligar al PRI a definirse. No puede flotar hasta 2012. En semanas tendrá que decidir si ratifica al procurador propuesto por el Presidente al Senado y si aprueba su paquete económico para 2010.
Si ratifica como procurador a Arturo Chávez Chávez (con la fórmula directa o indirecta que sea), su decisión lo regresará a una posición defensiva en materia de derechos humanos que, con la corrupción, fueron el origen de su desprestigio.
Si aprueba el paquete (el impuesto a alimentos y medicinas, en vez de exigir la eliminación de regímenes especiales), cargará con el costo político de imponer un gravamen adicional a las clases medias y los pobres, justo en la crisis económica, sin que el paquete propuesto asegure la recuperación del crecimiento y el empleo.
Con la ratificación, el PRI podrá comprar protección; con el IVA, ser bien visto por los grupos económicos más poderosos. Sin embargo, con una y la otra, habrá regresado al papel de protector del statu quo y de adversario del cambio.
El dilema del PRI es el de siempre: decidir conforme al interés general, o pactar acuerdos facciosos con los grupos de interés. Pero ahora con una diferencia: no es lo mismo pactar desde el poder que hacerlo desde la oposición. La oposición no puede ofrecer las mismas garantías. Es como el caso de un país pequeño que busca aliarse con uno más poderoso. Puede creer que con ello gana seguridad, cuando en realidad sólo asegura su papel dependiente. Con todo y su actual representación, el PRI no tiene el poder de la Presidencia. Ellos y sus aliados lo saben. Mientras no se tiene ese centro de poder, no se tiene el control y las garantías que se ofrezcan serán vistas como circunstanciales.
Para sus decisiones fiscales, el PRI ya no tiene el recurso de los argumentos técnicos (“el IVA no es regresivo porque grava más a quienes más consumen”). Para la gente pagar más impuestos es reducir su ingreso. Aunque es un dato importante, políticamente tampoco le será útil el argumento del temor a las calificadoras. Menos aún serán convincentes los argumentos del gobierno respecto a que cobrará más impuestos a los pobres, para aumentar el gasto público en su favor. La única decisión legítima gira en torno a cómo reducir el costo del ajuste y convenir una política no recesiva.
La decisión fiscal del PRI es política, o si se quiere, de economía política. ¿De qué tamaño puede y debe ser el déficit para aminorar los costos para la sociedad? ¿Quién debe pagar la factura principal: las clases medias o quienes gozan de los principales privilegios fiscales? ¿Qué cambios son obligados para evitar que sea recesiva la política que se apruebe?
Si el PRI no tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, podría flotar y simular. Como tiene mayoría y la crisis económica es realmente grave, tendrá que definirse. O cuida su base electoral potencial hacia las elecciones presidenciales de 2012 con una corrección sustantiva del paquete propuesto; o cuida sus alianzas con los intereses, en detrimento de su base electoral y de la necesidad de acortar los tiempos de la recuperación.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
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