Como si para el Presidente la vida de un solo mexicano no valiera lo suficiente para defenderla, protegerla y reivindicarla con la justicia, Calderón desdeñó, con un desafortunado discurso, las muertes de los civiles inocentes, hombres, mujeres y niños, que han caído en la cruenta guerra contra el narco, víctimas de una violencia que ya no administra ni controla un Estado que sólo reacciona al accionar de los grupos de sicarios que se matan entre ellos, pero también matan a la población.
“Son las menos”, dijo el Presidente sobre las vidas de mexicanos que se han perdido en esta guerra, sin tener ninguna culpa o ninguna relación con el narcotráfico o los narcotraficantes que se pretende combatir en esta violenta conflagración. Con estadísticas y datos de muy dudosa interpretación, Calderón afirmó que de las casi 23 mil muertes violentas que han ocurrido en lo que va de su sexenio por todo el territorio nacional, 90% eran delincuentes y sólo el 10% restante eran de población civil.
¿De dónde sacó el Presidente esos datos? ¿Quién identificó los miles de cadáveres que terminan en muchos casos en la morgue y sin ser reclamados y cómo dictaminaron o sentenciaron que eran criminales? ¿Hubo un juicio de por medio y un juez que concluyera, con base en las investigaciones que marca nuestra Constitución, que todos esos muertos eran culpables de delito? ¿O se trató de un juicio sumario hecho en Los Pinos o en la Defensa o en la oficina de Genaro García Luna erigido en juez de todos esos criminales que merecían morir de esa manera y cuyos homicidios ya ni siquiera investiga y mucho menos se castigan?
Si esta es una guerra, como dicen el Presidente y sus colaboradores, entonces deberían asumir que en toda guerra hay códigos y que la población civil en ningún caso debiera verse afectada y mucho menos morir acribillada en los combates, ya sea por quedar atrapada entre los fuegos cruzados o por errores inadmisibles de las fuerzas armadas federales que disparan contra inocentes.
La semana pasada también el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, dijo a senadores que las muertes de civiles inocentes eran “daños colaterales”, luego el Presidente pretende minimizar la pérdida de casi 2,300 vidas (atendiendo a sus propias estadísticas) de personas que ni eran criminales ni eran policías o soldados de los que se enfrentan en combate. ¿No le merece al Presidente un poco de sensibilidad y conmiseración por el dolor de todas esas familias que han perdido a alguien en esta guerra?
Nadie duda que al crimen y a los narcos se les debe combatir, pero 2 mil 300 muertes de inocentes, suponiendo sin conceder que como afirman las otras 21 mil personas eran criminales, debieran ser una muestra clara de que aunque la guerra se mantenga la estrategia debiera readecuarse; la fuerza bruta y armada del Estado no sólo no ha podido contener la violencia, sino que la ha incrementado, ¿cuándo veremos una guerra más inteligente y efectiva que vaya contra el dinero del narcotráfico, que encarcele a políticos y empresarios cómplices, que invierta más en el desarrollo social para evitar que los jóvenes, las familias acaben involucradas con el narco por hambre y falta de expectativas de vida?
¿Cuántas muertes inocentes más necesitará el Presidente para conmoverse y replantear su estrategia de guerra?
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