Los grandes temas del debate nacional conmueven hoy al Congreso de la Unión. La expansión de los derechos humanos y mecanismos efectivos para garantizarlos en contraste con el estado de sitio que ha capturado al país y la abusiva pretensión de las autoridades militares para legalizarlo. Un límite verdadero a los monopolios y una normatividad democrática para los medios de comunicación.
Este último ha estallado en tres distintas vertientes: la presión de las empresas sobre las comisiones respectivas de ambas cámaras para ampliar las prórrogas de las concesiones, una iniciativa ambiciosa de Ley de Telecomunicaciones y contenidos audiovisuales presentada por el diputado Javier Corral y un propuesta de reforma constitucional en la materia que he enviado al pleno.
Desde hace 40 años que publiqué mi primer escrito sobre la legislación mexicana de radio y televisión he sostenido su precaria —por no decir tramposa— justificación constitucional. La ley de 1960 pretende fundarse en la expresión “espacio aéreo de la nación” contenida en el artículo 27 y las facultades del Congreso de la Unión en el carácter federal que ese espacio tiene según el artículo 48.
Es claro que la actividad regulada —la comunicación electrónica— no está incluida en el artículo 73 que establece las competencias del Congreso y que no se realiza exclusivamente a través del espacio aéreo. La intención de sus autores fue equipararla con la apropiación de otros recursos naturales, como la minería o la explotación de los hidrocarburos, a efecto de otorgar con exclusividad al Ejecutivo la facultad para otorgar o retirar concesiones.
Quedó así sellada una relación perversa entre la Presidencia de la República y las empresas, dominada por el chantaje y el favoritismo. Dije al respecto que Televisa comenzó como un anexo de Los Pinos y que con el paso del tiempo Los Pinos terminaría convirtiéndose en un anexo de Televisa. Sustituir un órgano desconcentrado por otro subordinado, como lo hace la propuesta legislativa, es un absurdo.
Es ineludible la exigencia de crear un órgano de carácter constitucional, autónomo y ciudadano. En ese sentido se pronunció la Comisión de la Reforma del Estado en 2000 y ésa fue la propuesta formulada ante la CENCA en 2007. La Asociación Mexicana por el Derecho a la Información —tras de innumerables debates— ha adoptado la misma tesis. Sólo la conservadora Suprema Corte confirmó las potestades presidenciales cuando anuló parcialmente la Ley Televisa.
El argumento de que sólo son asequibles cambios en la legislación ordinaria es una coartada. Ignoran que toda reforma de Estado es por definición constitucional y que ése es el deber al que está llamado el Congreso. De otro modo, a pesar de los avances técnicos habrá retrocesos políticos y los problemas esenciales quedarán sin resolverse.
Los empresarios se consideran dueños, que no concesionarios, del espectro radioeléctrico. Así su pretensión incansable de ocuparlo a perpetuidad y de aprovechar automáticamente nuevos espacios. Una reforma constitucional permitiría contrarrestar la tesis de los “derechos adquiridos” y distribuir las autorizaciones de modo equitativo. Al respecto propongo que ninguna empresa podrá concentrar más del 25% de las frecuencias.
Es preciso volver al primer día de la creación. Pero democratizar los medios no significa solamente redistribuirlos entre entidades privadas, públicas, académicas y comunitarias. Implica que sus contenidos sean acordes con los principios y valores que la propia Constitución prescribe. Propuse al respecto en 1977, como secretario de Educación Pública, la inclusión de un mandato expreso en el artículo tercero.
Se trataría de afirmar los derechos de la sociedad, no las complicidades del poder. Estipular que los medios de comunicación electrónica son de servicio público y deben reflejar la pluralidad y los intereses superiores de la República. Vincularlos al derecho ciudadano a la información y convertirlos en instrumento privilegiado del desarrollo nacional. Ese es el fondo de la cuestión, no lo eludamos.
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