Por primera vez, abierto a las cámaras, el diálogo por la seguridad permitió atestiguar un análisis más honesto de esta desgastante narcoguerra y su falso dilema: o seguridad o justicia, que lo ha opacado todo. Calderón admitió que no hay control del país, propone un debate sobre la legalización de las drogas, invita a la sociedad a juzgar a los gobernadores tan duro como a él y exigió nombres de extorsionadores.
Y ¿cómo sanar las emociones que han nutrido este enredo argumentativo nacional por 3 años? desde la honesta sensación de haber sido víctimas de injusticia hasta la injustificada intolerancia, el enojo, ira, angustia y resentimiento social, así como el desprecio por la vida de las y los otros. Todo acompañado de la inmadurez y la ignorancia que recurren al insulto fácil y a una venganza hacia quienes por largo tiempo han ignorado a las y los desposeídos. Allí, en el centro, está la corrupción de la misma sociedad, nuestra incapacidad y falta de voluntad para respetar las reglas.
Ciertamente, Calderón heredó un país con un sistema educativo corrupto e ineficiente, construido para mantener a millones sin la educación y el poder inherente a la cultura y al desarrollo del pensamiento libre. Un sistema de justicia penal colapsado anticuado e inquisitivo. Un legislativo inoperante, obsesionado con crear delitos y endurecer penas para un aparato inservible. Ya sabemos que hay gobernadores, alcaldes y procuradores al servicio de la cleptocracia y de la narcocracia y Calderón pide que los evidenciemos (como si no lleváramos años haciéndolo). Recordemos que en el ámbito federal, las sentencias firmes en el 62% de los casos se modifican por órdenes del Ejecutivo. Cada quien lo suyo.
Me pregunto si las y los mexicanos con acceso a la educación, a los medios, al poder, están dispuestos a sacrificar las ganancias que les deja la corrupción implícita en saltarse las reglas y las leyes. Si está dispuesto el Estado a elevar la inversión pública en educación para los 8 millones de jóvenes sin estudios. O los tres poderes a sentarse con las organizaciones civiles que protegen a víctimas del delito como interlocutoras y socias de la construcción de la paz. Si están dispuestos a llevar a juicio político y penal a los gobernadores y alcaldes más peligrosos para el país. Si el Sistema DIF está dispuesto a revisar su sistema semi-carcelario para menores víctimas y huérfanos de la violencia y crear un modelo de educación para la paz.
Ahora que se abrió al diálogo, Calderón tendrá que demostrar que puede gobernar a México a pesar de los políticos corruptos y a pesar de sí mismo. Mientras tanto, cada una y uno de nosotros tendrá que preguntarse qué parte le toca en esta historia, porque la guerra puede no ser nuestra, pero el país sí lo es.
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