MÉXICO, D.F., 12 de febrero.- Una vez más Carmen Aristegui ha sido arrojada fuera del circuito radiofónico. La coartada que esta vez sirvió para que MVS resolviera separarla partió de un hecho cuyo alcance y significado admite diversas interpretaciones pero que tenía importancia noticiosa: un escándalo en la Cámara de Diputados por un señalamiento de legisladores de la oposición al presidente de la República. La periodista, al presentar el suceso en su emisión del viernes 4 de febrero, situó en un contexto necesario el mensaje de los impugnadores del presidente y concluyó con una pregunta y una petición: ¿Hay problemas con el modo de beber del presidente? Sería sano que Los Pinos lo aclarara.
La Presidencia lo negó el miércoles 9 de febrero, ya tarde. El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, dio respuesta a la interrogante de la aguerrida pero sobre todo inteligente periodista. Bastó que describiera la laboriosidad presidencial, lo apretado de su agenda, su diligencia notoria, atestiguada por toda suerte de personas que lo han visto pleno de salud. Lo que pudo decirse el viernes mismo se aplazó hasta cinco días más tarde, cuando ya se habían amontonado los acontecimientos: Carmen Aristegui no condujo su emisión matutina en el 102.5 del cuadrante capitalino de FM; se generó una vastísima, multitudinaria protesta en las calles y en las redes sociales, y la periodista, al sentar su posición, anunció estar dispuesta a retomar el micrófono (ella dijo que el lunes 14, lo que sería simbólico, aunque podría ser otro día próximo) si se lavaba su nombre, ensuciado por la afirmación de que rompió el código de ética al presentar como noticia un rumor.
A pesar de que la dignidad de Carmen Aristegui la condujo a poner muy alta la cota de actitudes a tomar, los protagonistas del suceso respondieron al acicate que resultó de su mensaje. La Presidencia, que había negado tener que ver con el despido de la periodista (pero que cándidamente aceptó que la concesionaria le dio cuenta de lo ocurrido, lo cual sólo es comprensible como si se le ofreciera una satisfacción), produjo el informe sobre la agenda presidencial, de cuyo conocimiento se desprende que Felipe Calderón goza de cabal salud. Y MVS, en vez de rechazar la disposición de su estrella hasta el viernes anterior (que estaba en ascenso, cada vez con más estaciones interesadas en repetir el noticiario), sólo anunció que tomaría decisiones en los próximos días.
En la noche del jueves 10, cuando se escriben estas líneas, esa era la situación. Cabe esperar una rectificación y que Carmen vuelva al aire la próxima semana, no necesariamente el lunes, si su reputación queda a salvo. Parece haber quedado claro que el episodio generó sólo pérdidas para todos, que son remediables con buena voluntad (tener presente la cual no es por fuerza candor pueril).
Pero todos, y no sólo Carmen Aristegui, debemos pensar en qué hacer. Todos, digo, porque el problema laboral de la periodista no es sólo un problema laboral, sino un desgarramiento en el tejido social, tan en mal estado por el amontonamiento de crisis que padece nuestro país, en medio de las cuales es imprescindible la información y el análisis, al mismo tiempo lúcido e independiente que ejerce Carmen Aristegui.
Algunos pasos en la solución que todos debemos generar le corresponden a ella directamente, por supuesto. Si no se concretara el entendimiento sugerido por las posiciones de las partes, queda a la periodista el camino legal para buscar su reinstalación. Ella y MVS firmaron en enero de 2009 un contrato cuyos términos tal vez fueron violados por la empresa. Es que, anexo al contrato, forma parte de la relación profesional el código de ética al que se refirió la concesionaria, pero que incluye un mecanismo que dejó de observarse en la actitud empresarial. Cuando una de las partes juzgue que se ha violado el código, ha de acudir a un árbitro cuya actuación está prevista en los propios documentos, nombrado con la aquiescencia de las partes y cuya labor consiste en determinar si se violó el código y el modo de enmendar su vulneración, que ni por asomo incluye la ruptura laboral. Aunque la ruina de José Gutiérrez Vivó se gestó en amplia medida en la lentitud y lenidad de los tribunales, que bendijeron o fueron incapaces de impedir el abuso del Grupo Radio Centro, una vía a la mano, si no se recapacita, es el ejercicio de acciones legales.
Otra vía a recorrer, de difícil trazo y práctica aún más complicada, consiste en que la sociedad que ahora airada protesta se organice en torno de Carmen para dotarla de los instrumentos propios de su trabajo. Lo propuse cuando en enero de 2008 los grupos Prisa y Televisa la despidieron de XEW. Se trata de aprovechar la movilización que crece a causa de esta nueva arbitrariedad para constituir una sociedad anónima en que miles de accionistas integren un capital suficiente para emprender tareas de comunicación electrónica. Claro que el gobierno que irritado reprime a Carmen no le facilitará un acceso de este género. Pero sin dejar de intentar que la sociedad mercantil imaginada adquiera su propia concesión, es de investigar la posibilidad de tomar en arrendamiento tiempos en emisoras carentes de programación propia que obtienen ganancias vendiendo tiempo a adquirentes responsables de los contenidos. La producción radiofónica así lograda debería encontrar salidas paralelas y simultáneas en internet y otras formas de conexión. No es ciertamente una empresa sencilla, pero otros lances de represión editorial encontraron en esta vía el camino para su construcción. Es muy difícil, pero no imposible.
Pensemos también en que Carmen tenga acceso a canales de difusión públicos, como Radio UNAM. Cuando en 2008 la periodista fue despojada de su micrófono se exploró esa posibilidad, también difícil de concretar porque técnica y financieramente las frecuencias universitarias no están habilitadas para la competencia comercial. Pero si fuera preciso, es posible imaginar fórmulas que con respeto pleno a la legislación universitaria permitan, a través de asociaciones civiles y aun sociedades mercantiles no lucrativas, la presencia de una voz libre como la de Carmen en el espacio universitario.
Fórmulas de la misma naturaleza se pueden poner en práctica en canales de difusión que existen sólo virtualmente ahora y que podrían aprovechar la experiencia y el talante profesional de Carmen. Por sólo aventurar ejemplos, puede pensarse en el canal digital de televisión concesionado por la Cofetel al gobierno de la Ciudad de México o el permiso para operar una radioemisora a la Universidad Autónoma Metropolitana. La estipulación de condiciones claras para una tarea conjunta en que los intereses de las partes queden escrupulosamente protegidos, y los de la periodista a salvo de coyunturas políticas, sería una fórmula que daría sentido desde el principio a esas iniciativas de difusión que no se han echado a andar.
Muchas otras personas tendrán sin duda muchas otras ideas sobre cómo trascender de la cólera civil a la práctica de una comunicación democrática. Lo importante es que el pasmo no nos venza y superemos la etapa de la neurosis contemplativa y la denuncia flamígera.
Algo, mucho, tendremos que hacer.
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