Por Raúl Ramírez Baena*
En una de las decisiones más arbitrarias tomadas por un medio nacional, los ejecutivos de MVS decidieron despedir a la prestigiada periodista Carmen Aristegui por sus comentarios respecto a la manta que legisladores del PT mostraron en plena sesión de la Cámara de Diputados, donde cuestionan el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.
Ese despido tiene nombre, y se llama CENSURA y AUTOCENSURA, que por supuesto ejercieron sobre el tema otros medios como Televisa, TV Azteca y comunicadores y medios ligados al duopolio televisivo y/o alineados con el régimen en turno, quienes hablaron sobre el conflicto generado en la Cámara de Diputados cuidándose de no mencionar el contenido de la mencionada manta.
La decisión unilateral de MVS, quizá bajo presión de la Presidencia de la República, provocó que se alebrestara el avispero y el tema se colocara, ahora, en el escenario internacional, en lugar de dejar las cosas como estaban, ya que de seguro el tema no iba a pasar a mayores. Carmen fue respetuosa de la institución presidencial, haciéndose eco de una demanda ciudadana por esclarecer el supuesto problema de salud de Calderón, versión que corre desde mucho antes de que tomara las riendas de la nación, de la misma manera que en el sexenio pasado preocupó la salud mental de Vicente Fox. Por supuesto que estos son asuntos del mayor interés público.
Lo grave del caso Aristegui es que estos excesos sólo suceden en países con regímenes autoritarios, lo que abona más a los focos rojos encendidos respecto a los derechos humanos en México; ahora, la Libertad de Prensa, la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Una raya más al tigre.
MVS intentó que Aristegui leyera al aire una “disculpa pública” por sus comentarios acerca de la citada manta en el Congreso, con un texto elaborado por la empresa a lo que por supuesto la conductora se negó en defensa de su dignidad y de sus derechos como periodista. Esa fue la gota que derramó el vaso de agua. La empresa, invocando la Libertad de Expresión, violó la Libertad de Expresión.
En estricto sentido, Aristegui no tenía por qué ofrecer disculpa alguna porque no ofendió a nadie, ni a la institución presidencial, ni al público ni a la empresa (ver: http://www.uniradioinforma.com/noticias/articulo41841.html ). Según MVS, en el contrato de la periodista se incluía un “código de ética” (que ella misma propuso) donde se comprometía a no divulgar “rumores”, y que en este caso, el supuesto alcoholismo de Calderón referido en la manta de los diputados del PT eran sólo eso, rumores.
Preguntémonos entonces si la frase: “En las democracias del mundo suele verse de vez en vez que se piden estudios médicos para saber cuál es la condición de los gobernantes, porque al final de cuentas están en una posición de altísima responsabilidad. (Entonces) ¿Tiene o no Felipe Calderón un problema de alcoholismo?”, dijo Carmen en su noticiario el 3 de febrero. ¿Eso es “divulgar rumores”, como argumenta la empresa? Ella sólo comentó un asunto que se convirtió en nota nacional. ¿No hacen eso los periodistas?
¿Qué acaso la Presidencia de la República, la Segob, la Sedena y la PGR, entre otras dependencias, no filtran “rumores” en los medios de comunicación en torno a la “guerra” que Calderón declaró a las mafias, y en las guerras políticas que se dan en los escenarios electorales del país? ¿Por qué MVS no aplica igual criterio a otros de sus conductores? ¿Regresamos a los tiempos en que la figura presidencial es “intocable”; a los tiempos en que la hora es “la que usted diga, Señor Presidente”?
Es obvio que lo que está en el fondo de esta grave afrenta a la Libertad de Prensa es la concesión del espacio radiofónico, que por cierto es propiedad de la Nación, no del gobierno ni de los concesionarios.
MVS no va a engañar a nadie; desde hace años su principal accionista, Joaquín Vargas, socio de Slim en la empresa Dish de cable que le hace la competencia al Sky de Televisa, está en la puja por la telefonía, el internet y la señal abierta de TV (triple play), en franca competencia con los consentidos del régimen, promotores de Peña Nieto. La salida de Carmen se forzó para evitar que Felipe se irritara, bloqueara la concesión y entorpeciera los proyectos de la empresa. Ello, a través del control oficial irrestricto que se ejerce hacia los medios por conducto de la Presidencia, la Segob, la SCT y la Cofetel. Héctor Osuna Jaime, ex titular de la Cofetel, y el Osito Teddy-Téllez, saben harto de esto.
Televisa y sus empresas filiales, y en menor medida TV Azteca, son los favoritos del régimen, los mayores beneficiarios de las “políticas de comunicación” (si así se les pudiera llamar), que incluye la inclusión de “representantes populares” de estas empresas privadas en el Congreso de la Unión para proteger sus intereses, sin olvidar el uso y abuso oficial de los vastos presupuestos de comunicación social de las dependencias e instituciones públicas, destinados a premiar y castigar a los medios, según se porten.
Como todo en este sistema, el caso es un asunto de dinero. La Soberanía Nacional (en este caso, el espacio aéreo para la transmisión de las señales de TV y las ondas hertzianas), la dignidad y los derechos de los ciudadanos y de los periodistas, condicionados por el dinero. En pleno aniversario y festejos de la Constitución.
Y es, además, un duro mensaje para aquellos medios y comunicadores que osen cuestionar la sagrada figura presidencial y sus personeros, que no es lo mismo que “la institución presidencial” como órgano del Estado. No confundirnos. Este asunto sigue la lógica de la represión oficial y de los intereses privados sufrida por Contralínea y Proceso por ejercer la Libertad de Expresión hasta sus últimas consecuencias.
Qué país…
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