Además de enfrentar a criminales que en ocasiones tienen mucho mejor armamento que sus tropas y que en algunas regiones los superan en número, soldados y oficiales actúan al filo de la ley al efectuar labores civiles sin la capacitación necesaria y con el riesgo de cometer errores y abusos como los que ya le han costado la vida a decenas de civiles que han muerto en esta guerra, ya sea en acciones militares donde hubo un uso excesivo de la fuerza y la violencia o en errores o confusiones del personal castrense
Sometidos a dos fuegos, por un lado el de una guerra contra el crimen organizado, en la que son primera línea de combate y, por el otro, el de organismos nacionales y extranjeros de derechos humanos, que los señalan y culpan de asesinatos por abuso de fuerza y de violaciones a garantías fundamentales de la población, los militares mexicanos no encuentran asideros ni apoyos para su complicada y polémica labor de ser un Ejército patrullando las calles y enfrentando a los delincuentes cual si fuera una policía civil.
Además de enfrentar a criminales que en ocasiones tienen mucho mejor armamento que sus tropas y que en algunas regiones los superan en número, soldados y oficiales actúan al filo de la ley al efectuar labores civiles sin la capacitación necesaria y con el riesgo de cometer errores y abusos como los que ya le han costado la vida a decenas de civiles que han muerto en esta guerra, ya sea en acciones militares donde hubo un uso excesivo de la fuerza y la violencia o en errores o confusiones del personal castrense.
Apenas el jueves pasado EL UNIVERSAL documentó que buena parte de la flota actual de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra en malas condiciones y que muchas de las naves de vigilancia o combate con las que cuentan las fuerzas castrenses no sólo son obsoletas, sino que ya no están en condiciones óptimas de seguridad para seguir siendo usadas.
La urgencia de reemplazar sus aeronaves tiene que ver con los repetidos accidentes que se han registrado en los últimos meses, como la caída de varios helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea que participaban en operativos contra el crimen organizado. No es la primera vez que las Fuerzas Armadas dan la voz de alerta sobre la necesidad de inversión urgente que tienen en varios de sus sectores.
EL REGAÑO DE CALDERÓN
En diciembre pasado el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, se propuso lograr un incremento presupuestal para las Fuerzas Armadas que se destinaría, entre otras cosas, al mantenimiento de la flota aérea y a la compra de nuevas aeronaves, además de crear 18 nuevos batallones que se ubicarían sobre todo en los estados del norte de la República, donde es totalmente insuficiente la presencia militar, lo que obliga al Ejército a movilizar tropas desde el centro y sur del país con altos costos económicos y con el riesgo de dejar sin efectivos militares esas regiones.
Ante la nula respuesta que obtuvo de Hacienda, a quien habían enviado su solicitud de 13 mil millones de pesos en el presupuesto 2011, los altos mandos castrenses decidieron iniciar sus propios cabildeos con el Congreso para lograr la ampliación de recursos, como hacen muchas otras dependencias federales y sectores.
A principios de noviembre, cuando empezaban las negociaciones para aprobar el presupuesto federal, el general secretario, Guillermo Galván, invitó a un desayuno en instalaciones del Campo Militar Número 1 a los diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de San Lázaro. Con una presentación bien armada, el titular de la Defensa explicó a los legisladores de todos los partidos por qué eran urgentes los recursos para las fuerzas castrenses.
La petición de los 13 mil millones no fue mal vista por los partidos de oposición; de hecho, los diputados del PRI empujaron el incremento para las Fuerzas Armadas a petición de varios gobernadores priístas del norte que veían con simpatía la creación de nuevos batallones militares con destacamento en sus estados. El grupo parlamentario del PRD tampoco impugnó el millonario incremento y conforme avanzaban las negociaciones se veía como un hecho que en la Sedena lograrían su petición.
Pero cuando se estaba a punto ya de terminar el presupuesto definitivo, que incluía los 13 mil millones de pesos para la Defensa, unas horas antes de enviar el dictamen final al pleno de la Cámara de Diputados, en una reunión de la Comisión de Hacienda llegó la contraorden: “El Ejecutivo retira la petición de incremento a la Sedena”, informaron los legisladores del PAN, ante la sorpresa del PRI y el PRD que no entendían el cambio repentino cuando los acuerdos ya estaban hechos y los recursos repartidos.
Ante el desconcierto que provocó el cambio de última hora, desde la bancada del PAN comenzaron a filtrar la especie de que había sido la misma Sedena la que se había desistido ante la Cámara de su petición de incremento presupuestal. Desde la Defensa negaban esa versión y respondían también con filtraciones a columnas periodísticas asegurando que no había tal desistimiento y que no era facultad de la Defensa desistirse en materia presupuestal.
Pero el repentino viraje que dieron en el PAN y la cancelación del apoyo del gobierno a la Sedena tenían otra explicación. La orden para que los diputados panistas pidieran cancelar el incremento de los 13 mil millones a la Defensa Nacional había salido directa y fulminante de Los Pinos. Unas horas antes de aquel anuncio en la Comisión de Hacienda, el presidente Calderón había llamado a su despacho al secretario Guillermo Galván. En tono de regaño, el mandatario había reprochado al general su cabildeos directos con el Congreso para obtener un aumento de presupuesto.
“Usted no puede andar cabildeando eso con los legisladores”, habría dicho el Presidente a su secretario de Defensa, según diputados que estuvieron cerca de los últimos acuerdos presupuestales; acto seguido, Calderón pidió al PAN que retirara su apoyo al incremento a la Sedena y dijeran que no era del interés del Ejecutivo que se aprobaran los 13 mil millones.
En la Sedena tuvieron que aguantar tanto el regaño presidencial como la cancelación de la ampliación presupuestal que ya tenían en la bolsa y para la que ya tenían apoyo de la oposición. Como han tenido que aguantar también la falta de apoyo del Presidente y su partido para la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional propuesta por el secretario de Defensa desde el 19 de febrero de 2009 y presentada por el propio Ejecutivo al Congreso hace un año, sin que hasta la fecha congresistas del PAN hagan nada por negociar su aprobación con la oposición.
Como tendrán que aguantar seguramente que el Presidente y los panistas, ahí sí rodando con fuerza, impulsen la eliminación del fuero militar, luego de que la “jefa” Hillary Clinton viniera a decir en su reciente visita relámpago que el gobierno mexicano debía seguir con su estrategia de lucha contra el narco, sin mencionar los costos de sangre y violencia para nuestro país, pero eso sí, castigando, dijo la secretaria de Estado de Washington, los abusos de las fuerzas militares.
La pregunta es cuánto más aguantarán las fuerzas castrenses esa falta de apoyo, sobre todo cuando en el Congreso avanzan proyectos de iniciativas que buscan enjuiciar la actuación de los militares en esta guerra contra el narcotráfico en la que soldados, oficiales y generales sólo acataron órdenes del comandante que los sacó a la calle cuando sintió que necesitaba de la fuerza y el respaldo de la institución militar para lograr la legitimidad que quedó en duda en las urnas.
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