Uno de los temores que siempre asaltan a los hombres del poder, especialmente cuando se acercan al ocaso de un mandato, es con qué imagen pasarán a la historia. ¿Qué se dirá de ellos en los libros? ¿Cómo serán recordados por las futuras generaciones? ¿Se dirá que fueron buenos o malos gobernantes? ¿Cómo serán juzgados ellos y sus decisiones por la historia?
Faltan 22 meses para que termine el sexenio de Felipe Calderón y, con su sucesión ya en marcha, no está claro si el Presidente está pensando o no en el juicio de la historia.
Mientras sus secretarios del gabinete comenzaron ya la elaboración de los “libros blancos” para la entrega de su administración, a Calderón se le percibe mucho más ocupado y preocupado en tratar de influir en la coyuntura electoral —ayudando a su partido a conseguir votos— que en lo que puede venir para él y algunos de sus colaboradores en el balance final de su sexenio.
La violencia y el caos delincuencial que se abaten sobre México no tienen parangón en la historia reciente del país. Más de 35 mil muertos a esta fecha y otros miles que se pueden acumular en la espiral de violencia y descomposición que se vive en cada vez más amplias regiones de la República, arrojarán inevitablemente un macabro saldo al concluir el sexenio de Felipe Calderón que será, con mucho, el periodo más violento y anárquico que haya tenido presidente alguno después de la época revolucionaria.
¿Está preparado Calderón para quizá ser recordado como el Presidente que llevó al país a la peor era de violencia y descomposición social que se recuerde en los últimos 100 años? ¿Sabe que podría ser recordado como el mandatario que condujo a la nación a una guerra tan sanguinaria que no produjo al final resultados positivos?
Tal vez no sea sólo el juicio de la historia lo que debiera empezar a preocupar al actual mandatario mexicano. Dentro y fuera del país crece la percepción de que al término de la administración calderonista se hará inevitable un balance y una investigación sobre lo ocurrido en este periodo.
Cuarenta mil, 50 mil o las muertes violentas que terminen por acumularse al final del sexenio, serán una cifra no sólo macabra, sino suficiente para que organizaciones civiles o instituciones nacionales o del extranjero se pregunten si tantos asesinatos tuvieron plena justificación a la luz de los resultados de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, si no eran evitables muchas de esas muertes, si todas las acciones y decisiones tomadas por el Presidente y las Fuerzas Armadas bajo su mando, tuvieron pleno apego legal y constitucional y, lo más delicado, si una parte de esos crímenes no pueden ser atribuidos a órganos del Estado que actuaron con abuso de fuerza y métodos ilegales.
DE COMISIONES Y BANQUILLOS DE ACUSADOS
En el Congreso federal avanza ya por lo menos un proyecto de ley que propone crear una “Comisión Investigadora” para esclarecer las muertes acumuladas en esta “guerra” y revisar la legalidad de la actuación del gobierno y de instituciones como el Ejército, la Marina y los cuerpos de seguridad federales. Ese proyecto es elaborado por senadores del Partido del Trabajo que tienen la asesoría de expertos españoles en comisiones de la verdad e incluso de un importante ex fiscal mexicano.
Los priístas también han esbozado iniciativas sobre el tema, aunque hasta ahora no han concretado ningún proyecto preciso. Sin embargo, las declaraciones recientes de Manlio Fabio Beltrones, que esta semana tocó el tema ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, expresan el sentir de una corriente del priísmo que ya habla de un “enjuiciamiento” a las decisiones de Calderón en materia de seguridad y narcotráfico. “Al paso que vamos, podríamos terminar este sexenio con el mismo número de muertos que hubo en Vietnam: 50 mil soldados”, dijo el presidente del Senado. Y añadió: “¿Se resolverá con 30 mil más? O sea, cuando ya tengamos 80 mil, ¿el asunto se va a resolver? Pues algunos podrían decir que sí, pero no”.
Pero aun cuando internamente no avanzaran los intentos de enjuiciar y esclarecer este negro periodo, porque “en México nunca un ex presidente ha sido juzgado”, dicen algunos, el problema para Calderón es que también en el exterior habrá fuertes presiones para que se investigue lo ocurrido bajo su mandato. Además de los grupos de las organizaciones civiles que desde ahora cuestionan los resultados y las cifras de muertos de esta guerra, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay en este momento interpuestas más de 600 denuncias relativas a crímenes, abusos de fuerza y violaciones graves de garantías cometidos por fuerzas federales en esta guerra antidrogas de los últimos cuatro años.
Todos los hombres de poder se sueñan gloriosos y reconocidos por la historia al terminar su mandato. A muy pocos el sueño de trascendencia se les realiza; la mayoría terminan como una simple referencia en un libro de historia, muy pocos son los que ocupan un lugar en los anales históricos y algunos terminan en el banquillo de los acusados, sea en un juicio formal —como el proceso contra Luis Echeverría— o sea, en el inevitable e ineludible juicio de la historia. ¿Dónde acabará Felipe Calderón?
NOTAS INDISCRETAS…
Esta semana la pasarela en la Ibero sirvió para que varios presidenciables se mostraran frente a los universitarios. Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard y Santiago Creel aprovecharon el foro para tratar de lucirse; extrañó en el evento la ausencia de Enrique Peña Nieto, quien declinó la invitación que le hicieron en esa universidad “por problemas de agenda”… Y hablando de presidenciables, el periodista Jorge Ramos transmite a partir del próximo lunes por Univisión cinco entrevistas que les hizo a Creel, Ebrard, Peña, Beltrones y Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué dice cada uno, y otra extrañeza: ¿por qué Ramos no pidió entrevista con ninguno de los secretarios del gabinete calderonista que están apuntados para 2012? ¿Será que no les ve posibilidades?... Pena de cárcel inconmutable de 24 a 36 horas para los golpeadores de mujeres, propone una iniciativa de ley que ya fue aprobada en comisiones en la ALDF y que pronto podría llegar al pleno. La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Barrales, propone que para asegurar que los varones golpeadores no tomen represalias para las mujeres que los denuncian, la detención del agresor sea inmediata y sólo se le suelte a las 36 horas para que enfrente su juicio. Aunque varios especialistas en el tema y organismos defensores de la mujer han apoyado la iniciativa, esta semana la directora del Inmujeres del DF, Malú Micher, salió a cuestionarla. Y entonces, ¿la señora Micher está a favor de las mujeres o de los agresores?... Se cargan los dados. Escalera doble. Buena semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario