Por mandato constitucional, el nombramiento del procurador general de la República que hace el Presidente debe ser ratificado por el Senado. Desde que fue hecha pública la propuesta de Felipe Calderón para nombrar a Arturo Chávez Chávez he preguntado a amigos que litigan y a académicos si lo conocen y todos me han dicho que no; algunos me han hecho notar su pasado como procurador de Chihuahua y su tránsito por la práctica del litigio en un conocido despacho del DF. El hecho duro es que no se trata de un personaje con gran relieve en el mundo jurídico mexicano.
Por eso cabe al Senado la enorme responsabilidad de justificar su facultad de ratificar la propuesta. Creo que Arturo Chávez, según su currículum, tiene experiencia y estudios para ser procurador, pero el Senado no se puede basar sólo en datos curriculares. Debe diseñar, en plazo breve, un procedimiento que le permita advertir si la persona propuesta llena el perfil que se requiere para tan delicada encomienda.
La opción más racional es convocar a comparecer a Chávez frente a la Comisión de Justicia, para indagar sobre su pasado profesional, cualidades y conocimientos en el ámbito de competencias que tendrá a su cargo. Una vez desahogada la comparecencia, la comisión podría proponer al pleno si se debe otorgar o negar la ratificación, mediante un dictamen bien fundamentado. Esperemos que no se intente construir un procedimiento de engaño a la opinión pública, que se limite a cumplir con un requisito formal y se otorgue la ratificación fast-track. Sería lamentable.
¿Qué deberían preguntar los senadores a Chávez? Propongo algunas cuestiones, por demás obvias pero igualmente importantes:
1. ¿Qué medidas inmediatas debe tomar la PGR para implementar la gran reforma penal en materia de juicios orales publicada en 2008?
2. ¿Qué piensa del acceso a la información de averiguaciones previas? ¿Está a favor de abrirlas o mantendrá la opacidad de su antecesor?
3. ¿Qué opinión le merecen las recientes recomendaciones que la CNDH le ha dirigido a la PGR y que han sido rechazadas?
4. ¿Qué papel tendrá en la defensa de la Constitución por medio de la interposición de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte? ¿Se guiará por criterios ideológicos y religiosos o se atendrá a una interpretación jurídica?
5. ¿Qué piensa del arraigo y de su utilización como medida que limita la libertad personal?
6. ¿Qué piensa hacer respecto de la presentación a los medios de personas detenidas? ¿Contradice eso el derecho de presunción de inocencia o abona a una buena procuración de justicia?
7. ¿Cómo se coordinará con la SSP federal en los operativos contra el crimen? ¿Seguirán las relaciones distantes o habrá una colaboración con la dependencia de García Luna?
8. ¿Qué medidas concretas tomará para disminuir la incidencia del delito de secuestro y cuánto tiempo se tomará para ponerlas en marcha?
9. ¿Tiene idea de quiénes serían sus colaboradores más cercanos? ¿Cómo evitará que lleguen a su estructura de mando personajes vinculados con la criminalidad organizada?
10. ¿Qué medidas de apoyo y colaboración pedirá en el corto plazo al gobierno de EU?
Un candidato que no conteste satisfactoriamente esto no merece ser ratificado. Lo importante es que el Senado se tome en serio su facultad y no contribuya a los nombramientos de cartón que hemos visto en el pasado y que tan cuestionables resultados han arrojado. De la misma forma, esperamos que la persona propuesta por Calderón llegue ante los senadores con una gran preparación y nos convenza a todos de que tiene los merecimientos para ocupar un cargo estratégico no solamente para la administración del Presidente, sino para el conjunto del Estado mexicano. Veremos en unos días más si los actores involucrados decidieron estar a la altura del reto o si optaron nuevamente por la simulación.
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