Un año y dos meses le llevó al Ejército lograr que en el Congreso dictaminara la iniciativa que legaliza totalmente su participación en las calles en el combate al narcotráfico. La ley de Seguridad Nacional, ideada y propuesta por altos mandos castrenses del país, es en estos momentos objeto de un intenso debate y negociaciones políticas por dos temas que enfrentan a los partidos: la eliminación del fuero militar, para que los militares que cometan excesos o delitos sean juzgados por tribunales civiles, y la creación de “estados de excepción” en situaciones que amenacen la seguridad nacional.
Hasta anoche, los jaloneos seguían y el PRD acusaba al PRI de haber “traicionado” el acuerdo que tenían para ir juntos en la eliminación del fuero de guerra, mientras los panistas y la Sedena se niegan a esa posibilidad. Ayer mismo entró en escena el general secretario Guillermo Galván, quien cabildea y opera con senadores de todos los partidos —hoy recibe en su despacho de la Defensa a miembros de una comisión senatorial— pues se trata finalmente de una ley que le urge a las Fuerzas Armadas.
Y es que entre las élites del Ejército no los deja en paz el fantasma del 68 y la posibilidad de que, al no contar con un respaldo legal pleno en su actuación como policías antinarcóticos, los militares pudieran ser en un futuro acusados violar la Constitución y a partir de eso sus acciones de los últimos años, por órdenes de su comandante supremo, fueran catalogadas como “crímenes de guerra” o de “lesa humanidad”.
Para decirlo claro: los militares, sobre todo los generales, temían que al terminar el sexenio del Presidente que los sacó de los cuarteles y los metió a combatir en la primera línea al narcotráfico, quienes llegaran al gobierno, fueran del mismo partido o de uno distinto, adoptaran una política diferente y se buscará enjuiciar las acciones del Ejército y las Fuerzas Armadas en esta guerra que suma ya casi 23 mil muertos, entre ellos un número no precisado de civiles que han muerto, en algunos casos, a manos de soldados por errores o confusiones.
Era tal la preocupación entre los mandos castrenses y la presión que éstos ejercen para que se legisle ya, que más de un general le reprocha al secretario de la Defensa no actuar como su antecesor, Clemente Vega García, quien según cuentan militares, fue llamado por Fox a su despacho a principios de octubre de 2006 para pedirle que el Ejército entrara a Oaxaca a desalojar los plantones de la APPO. El general le respondió: “Con mucho gusto Presidente, pero ¿me pone la orden por escrito?”. Cuando el Presidente dijo “no”, el general replicó: “entonces no entramos”.
Para el general Galván Galván eso significa la aprobación de la ley que está atorada en el Senado: la oficialización de la orden que les dio un apurado Presidente que, en busca de legitimidad y ante la emergencia, les pidió a los militares salir a las calles a combatir al narco que rebasaba al Estado, sin que la Constitución y las leyes los facultaran para eso. Por eso los cabildeos, la operación y las presiones de la Sedena.
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