Es muy probable que hoy mismo la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) haga público un nuevo pronunciamiento acerca de la postura del Gobierno del DF en el conflicto causado por la construcción de la llamada supervía.
Hasta donde sabemos, la CDHDF explicará que no será posible resarcir el daño causado a la población de los lugares afectados por la obra si no es con la suspensión definitiva, cueste lo que le cueste al gobierno de Marcelo Ebrard.
Según las autoridades del gobierno de la ciudad, la CDHDF no tienen facultades para exigir que se suspenda la obra, que ya tiene un buen porcentaje de avance, y además, el mismo gobierno no está dispuesto a enfrentar las consecuencias jurídicas que le acarrearía una decisión de ese tipo ni tampoco el conflicto que se generaría con la otra parte de la población que sí quiere tener un camino rápido en aquel lugar.
El asunto es que por el momento no se ve cómo se lograría una solución al conflicto. La comisión, ahora convertida en juez, exigirá la suspensión, y al parecer descalificará la consulta que pidió en su recomendación, que según se nos dice no estaría dentro de lo legal, o cuando menos fuera de tiempo, dado que el ordenamiento que señala la ley explica que la consulta tendría que haberse realizado antes de que la obra comenzara.
Esto, el ordenamiento legal, tendría que haber estado en la memoria de la gente de la CDHDF, a menos que, como dijimos en la entrega anterior, desde la recomendación se pretendiera engañar a la gente y dejar abierta una puerta para que desde la consulta el gobierno legitimara su quehacer.
Y qué mejor que la consulta. Si la operación política del gobierno falló, como es claro, la consulta les daría la oportunidad de hacer valer la opinión de una mayoría que respaldaría el trabajo del gobierno y pondría en el desamparo a quienes se oponen a la obra. Entonces, tal vez quienes se ocupan del asunto en la comisión ya se dieron cuenta del error, y ahora busquen echar por tierra esa parte de recomendación.
Pero el asunto no debe seguir escalando espacios de conflicto. El gobierno y la o las empresas que se encargan de la construcción seguramente tienen un plan B desde donde no se lastime a la ecología, si ésa es la verdadera litis, pero además sería bueno que se intente iniciar un diálogo en el que la razón esté por encima de los intereses de unos y otros.
Para eso la CDHDF tendrá que tomar en cuenta que aún quedan en el organismo residuos de un actuar que antes que hallar respuestas atizó conflictos en busca de horizontes de conveniencia personal. Esas rémoras le siguen haciendo daño a la labor de la comisión.
Ya sabremos hoy mismo, con certeza, la respuesta de la CDHDF al gobierno de Marcelo Ebrard. Todo el consejo de la comisión estará presente en el anuncio que hablará de una respuesta débil del gobierno de la ciudad a la recomendación, pero además, hay quien asegura en la Asamblea Legislativa del DF que existe la posibilidad de que la comisión pida a los legisladores la presencia del jefe de Gobierno para que explique por qué respondió a la recomendación parcialmente, es decir, el conflicto, como en las novelas policiacas... continuará.
De pasadita
Es curioso, pero las más recientes encuestas, realizadas por unos y otros, advierten que la mayor preocupación de los habitantes del DF es la seguridad. Por lo pronto todo indica que la población no ha logrado ligar la situación económica, es decir, principalmente el desempleo, al crimen, y esto sí es un asunto grave. Mientras no quede claro el origen del mal, seguirá la guerra inútil, y un día, se haga lo que se haga, las calles de la ciudad de México estarán prohibidas para su habitantes como ya ocurre en otros lugares del país. ¡Qué horror!
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