Cuando se habla de matrimonio forzado, de padres que arreglan el casamiento de sus hijas con una dote de por medio, podríamos pensar que se trata de una costumbre arcaica erradicada en el siglo XXI. Por desgracia no es así en México. En varias partes del país todavía es posible comprar a una mujer. ¿Qué lo permite? Leyes ausentes, autoridades omisas y sociedades tolerantes con la misoginia.
En algunas comunidades indígenas es una costumbre que las adolescentes sean entregadas a cambio de una dote de la familia del esposo. Con el tiempo la tradición se ha distorsionado al punto en que hombres desconocidos han podido llegar a comprar a las menores de dichos poblados. Los testimonios, que usted puede leer hoy en estas páginas, dan cuenta de la degradación.
Hay que entender el contexto antes de elaborar juicios ligeros sobre las familias que venden a sus hijas. Junto con la costumbre están la pobreza y la falta de conocimientos que hacen a las comunidades indígenas víctimas propicias para los abusadores y las redes de trata de personas.
Con todo, es innegable que ninguna norma social puede ir a contracorriente de los derechos humanos, los cuales están por encima de los denominados “usos y costumbres”.
Habría que cuestionar también el que, con excepción de Guerrero e Hidalgo, los códigos civiles en el resto del país permitan los matrimonios entre menores de edad que fácilmente pueden disfrazarse de arreglos voluntarios entre los contrayentes cuando en el fondo hay un pacto económico impuesto por los padres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 130 mil matrimonios en los que están involucrados adolescentes de entre 12 y 16 años de edad.
Desde noviembre del año pasado se encuentra en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual incluye como un delito el matrimonio forzado. A menos de un mes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, los legisladores tienen la oportunidad de rendir buenas cuentas con la resolución de este rezago legal.
Previsiblemente, el próximo 8 de marzo habrá elocuentes discursos de todo tipo de autoridades en favor de los derechos de las mujeres; sin embargo, éstos serán redundantes sin la presentación de acciones, con metas cuantificables.
Acabar con los hábitos que ubican a la mujer en la categoría de objetos será un reto para los gobiernos, pero también para una sociedad cuya indignación no parece suficiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario