Escuché que una encuesta del periódico Reforma revela que Enrique Peña Nieto cuenta con 34 puntos de aceptación mientras Santiago Creel y López Obrador empatan con sólo 12 puntos. Queda claro que los participantes en la encuesta son personas que reciben información a través de Televisa, y que creen posible que una niña muera de asfixia en su cama y su cadáver permanezca 9 días sin ser percibido su estado de putrefacción, o que ignoren los contratos millonarios que celebran Peña Nieto y Televisa con dinero del erario.
Hay actos que producen rabia en la población, y no me refiero a la publicación de estas encuestas amañadas, por supuesto, eso más bien causa risa.
Lo que enardece a la gente son las injusticias que cometen los gobernantes al violar los derechos de la población con fines políticos y lucrativos.
No conforme con la inconstitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal se atreve a reprimir a los trabajadores electricistas por ejercer su derecho de protesta ante el despojo de su fuente de trabajo.
No es asunto menor que más de 44 mil trabajadores hayan sido echados a la calle para que el gobierno y sus cómplices pudieran entregar a particulares la fibra óptica de la CFE, que pertenece a todos los mexicanos.
No es asunto menor tampoco que Felipe Calderón, sin facultades constitucionales, haya emitido el decreto de extinción de la empresa. Sólo el Congreso cuenta con la facultad para reformar esa Ley reglamentaria, y no lo hizo. El Artículo 5 constitucional dice claramente: "Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sin una resolución judicial".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del decreto de extinción por su probada inconstitucionalidad y, aunque muchas veces la Suprema Corte ha decepcionado a la población por su sumisión a los poderes fácticos, habrá que esperar el dictamen. Es totalmente irracional que Calderón ejerza la fuerza bruta del estado en contra de los despojados.
A los millones de mexicanos que no nos tragamos los resultados de las encuestas de aceptación de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y que padecemos la ingobernabilidad que han provocado personajes siniestros como ellos, nos indigna la manera en la que fueron desalojados los electricistas el pasado jueves en Cuernavaca, Morelos.
El mismo periódico Universal publicó un video de la represión que sufrieron hombres, mujeres y ancianos electricistas que se han mantenido en pie de lucha desde hace 7 meses.
También conservamos en la memoria las imágenes de la brutal represión que ordenó Peña Nieto en el pueblo de San Salvador Atenco, cuyo caso está en manos de organismos internacionales que siguen abogando por los luchadores sociales que el sistema tiene presos, con sentencias inhumanas, y por el justo castigo a los responsables de las violaciones tumultuarias que sufrieron las mujeres retenidas en Atenco. Las encuestas no borran el dolor de los pueblos.
Yo, que recorro al lado de Andrés Manuel López Obrador el territorio nacional, sé muy bien que su aceptación entre la población sigue siendo abrumadora. De ninguna manera representa ese 12 %. No hay un solo lugar en el que se presente López Obrador donde no se escuchen vivas de apoyo al Presidente Legítimo, protestas contra las medidas antipopulares de los gobiernos priístas y panistas, quejas, muchas quejas por la falta de apoyo al campo, por la falta de empleo y de servicios de salud.
Es cierto que la gente humilde, por necesidad, recibe despensas, camisetas, gorras, sacos de cemento o botes de pintura que les ofrecen priístas y panistas para comprar sus votos, pero su intuición no los traiciona, siguen prefiriendo a Andrés Manuel López Obrador.
Tanta actos de injusticia, violencia, corrupción, impunidad, ineptitud y cinismo han contribuido a la rabia del pueblo, que no cree ya en los políticos y funcionarios que llegan al poder para enriquecerse mientras todo sigue igual o peor.
Necesitamos un cambio verdadero y este no llegará mediante la represión, las mentiras o el silencio.
El único que apoya abiertamente las causas justas y que sigue denunciando las atrocidades es Andrés Manuel López Obrador.
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