La Procuraduría General de la República (PGR) decidió el martes pasado arrestar, en plena campaña, al candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, Greg. No es en este espacio donde se puede definir si el personaje es culpable o no, pero sí cabe aclarar que la versión oficial no puede considerarse la única. Los antecedentes demuestran que las indagatorias gubernamentales no siempre son concluyentes.
Justo ayer se cumplió un año del famoso “michoacanazo”, espectacular operativo mediante el cual la PGR detuvo a varios funcionarios públicos de la entidad gobernada por el perredista Leonel Godoy. En aquel tiempo, al igual que ahora, se acusó al gobierno federal de afectar deliberadamente la imagen de un partido político so pretexto de combatir la corrupción ligada al narcotráfico. El propio presidente Felipe Calderón negó motivación política; sin embargo, desde entonces no se ha realizado alguna otra acción similar en un estado priísta o panista, que también están seriamente penetrados por las mafias. Varios de los detenidos del “michoacanazo” han salido libres porque la procuraduría no pudo aportar más pruebas que las declaraciones de unos cuantos criminales acusando a los funcionarios.
En el mismo sentido puede interpretarse la negativa de un juez federal, hace dos semanas, de conceder el auto de formal prisión a la procuraduría por considerar que no lograba sustentar sus acusaciones.
Quizá, como argumenta la autoridad federal, el PRD fue notificado con tiempo de las acusaciones y por lo tanto el partido debió asumir que una detención contra su candidato era inminente. Lo incomprensible es que la produraduría esperara hasta iniciada la campaña para actuar.
Greg podría ser culpable de estar vinculado con criminales organizados, pero para asegurarlo harían falta pruebas concluyentes, y éstas no provienen de las declaraciones de criminales o supuestos “testigos protegidos”. Una averiguación previa con esas características abonaría al argumento de los opositores de que las motivaciones de la PGR son políticas.
En México es amplio el desprestigio de la impartición de justicia porque el debido proceso judicial y la actuación profesional de nuestros ministerios públicos no es la constante. Lo evidencian desde las acusaciones contra los funcionarios en Michoacán hasta el arresto injustificado de un de las indígenas ñañús Alberta y Teresa en Querétaro.
Si después de esas y otras tantas pifias se detiene a un candidato a la gubernatura en plena campaña, ha de ser porque ahora sí se tienen pruebas. La credibilidad que le resta al gobierno federal está en juego.
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