Julio Hernández López
EXIGEN REFORMA MIGRATORIA. Marcha en Filadelfia en rechazo a las normas que afectan a los indocumentados, incluida la ley ArizonaFoto Ap
El calderonismo ha pegado golpes policiacos que han sido política y electoralmente desestabilizadores en ciertas entidades y regiones donde se asientan estructuras clave del narcotráfico. Esas acometidas han acabado beneficiando y consolidando parcelas de poder relacionadas con el panismo (un caso evidente es Morelos, donde el gobernador Marco Antonio Adame sigue como si nada, a pesar de los incidentes que tuvieron como fúnebre personaje estelar al acribillado jefe de jefes), poniendo en riesgo de crisis profunda a administraciones perredistas (como sucedió en Michoacán, con las detenciones escandalosas de un año atrás, que luego se fueron cayendo una a una, dejando en libertad a los presuntos culpables y confirmando el sesgo partidista de las falsas cruzadas felipescas), torpedeando a mandatarios priístas de entidades donde se asientan cárteles contrarios al que según muchas voces, incluso de prensa internacional, es el favorito de los dos sexenios recientes (en Chihuahua y Tamaulipas, donde se han producido diversos acontecimientos criminales que en el fondo han ido abriendo paso a la mano federal para agitar avisperos locales) y estableciendo extraños pactos fácticos para preservar estructuras de control en lugares como Sinaloa y Quintana Roo, donde el mando nacional panista, que es una simple oficina de ejecución de las instrucciones llegadas de Los Pinos, se ha esmerado en abatir las genuinas posibilidades blanquiazules de poner a sus cuadros en línea de ganar los comicios y ha acabado por beneficiar a las mafias del partido tricolor que garantizan la continuidad de los negocios innombrables.
En la maraña de perversiones institucionales en que se ha convertido “el ejercicio de gobierno” panista, una vertiente altamente perniciosa es la de la utilización de los factores policiacos y penales para combatir y doblegar a adversarios políticos y electorales. Ya durante el foxismo, en 2006, el priísta Arturo Zamora fue amenazado con acciones jurídicas en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico para obligarlo a dejar el paso al ultraconservador Emilio González Márquez, sin que después de las elecciones se probara nada en contra del tricolor que ahora es diputado federal. Ahora, el extraño candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, llamado Greg, ha sido llevado a la cárcel por acusaciones que le relacionan con fraudes y narcotráfico, en una línea de acción que para desgracia de las instituciones está contaminada por el uso electoral que de la PGR y las policías federales ha hecho la actual gerencia general del país.
No es fácil defender por sí mismo al lenguaraz candidato de PRD, PT y Convergencia, pues en su conducta como presidente municipal, y ahora como candidato, han confluido la gelatinosidad ideológica, las poses de puritanismo religioso iluminado, el manejo “pragmático” del erario para presuntos fines sociales supremos que harían innecesarios los controles burocráticos paralizantes, y una predisposición al uso del dinero en efectivo y a los arreglos privados. Pero sí salta a la vista que los pecados verdaderos del piadoso político populista de Cancún están en el crecimiento de su campaña contra la estabilidad priísta mantenida por el frívolo, despilfarrador y corrupto mandatario actual, Félix González Canto, que pretende sostener a través de su delfín, Roberto Borge.
Más que irónica, significativamente ha sido el propio PAN-gobierno federal el que ha obstruido las posibilidades de cambio en aquella región de extraordinaria riqueza concentrada en unas cuantas manos, y de coexistencia tolerada de varias modalidades de la alta delincuencia organizada, no sólo la del mercadeo de drogas, sino también el de la explotación sexual, específicamente de menores. Así como en Sinaloa fueron desactivados los contendientes que le habrían dado al PAN una oportunidad seria de triunfo electoral, en Quintana Roo se ha devaluado intencionalmente la candidatura panista y ahora se ataca frontalmente a la otra “oposición”, con lo que el PRI queda bien servido. Recuérdese que, en Sinaloa, a Heriberto Félix lo sacaron de la jugada local mediante la enorme zanahoria federal de la Sedeso para la que no tenía ninguna calificación profesional ni política; a Manuel J. Clouthier júnior lo hicieron estallar y chocar para cerrarle el paso, y ahora queda como “opción” un priísta, Malova, manejado por un priísta, Juan S. Millán, que garantiza que todo seguirá igual en aquella entidad emblemática, gane Jesús Vizcarra o Mario López. Así, en Quintana Roo, a la candidata blanquiazul, Alicia Ricalde, el comité nacional panista la abandonó a su suerte, de tal manera que ella, en protesta, suspendió su campaña hasta que en el Distrito Federal le ofrecieron corregir esa conducta displicente. Y, ahora, con el golpe a Greg, se cree cancelar cualquier oposición a la continuidad priísta.
La detención del aspirante postulado por el Dia (PRD, PT y Convergencia) coloca en ridícula posición a los principales impulsores de esa siempre espinosa candidatura, los chuchos encaramados en el control directivo del sol azteca, y a la filosofía de las alianzas perreánicas allí puestas en grotesco entredicho: los aliados del PRD en otras entidades enderezan acciones judiciales en aquélla en que hubo un solitario aspirante en cuya postulación los colaboracionistas “de izquierda” no compaginaron intereses con el PAN-gobierno federal.
Y, mientras continúan los triunfos de Calderón, luego de su impactante discurso en el Capitolio, ahora con la pretensión gringa de dirigir sus apoyos de la Iniciativa Mérida no a helicópteros, tecnología y equipo físico, sino a luchar contra la corrupción de funcionarios mexicanos y a hacer que se respeten los derechos humanos y el estado de derecho, ¡hasta mañana, con el anuncio de que el viernes este tecleador estará en Puebla, a las 7 de la noche, en la Casa Amarilla de la BUAP para una plática en el marco de los 20 años de La Jornada de Oriente!
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