Julio Hernández López
En medio de los escándalos políticos sucesivos (cada vez más vinculados a lo penal), con Estados Unidos cobrando burlonamente los desplantes de Felipe el Aplaudido en el Capitolio, y con el enigma dieguino sin resolver, la jefatura policiaca del país ha decidido dar un paso más en su estrategia de control social mediante las armas, al arremeter mediante cientos de agentes federales contra trabajadores electricistas en Morelos que con su persistencia opositora a la desaparición por decreto de Luz y Fuerza del Centro afeaban y entorpecían el curso del gran negocio de la fibra óptica que a precio de remate loco está entregando el calderonismo a sus socios de la telecomunicación que bien han sabido pagar esos y otros favores mediante pantallas manipuladas, mudas y omisas ante la protesta social y las pifias gubernamentales, entusiastas y sonrientes ante las declaraciones oficiales de que el país marcha bien.
Greg se defiende mediante videos previamente grabados y la Corte hace a un lado la tarea de reventador del ministro de ultraderecha Sergio Aguirre para finalmente aprobar el uso en México de la píldora anticonceptiva de emergencia, en tanto Calderón se muestra ignorante de la decisión obamista de mandar mil 200 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México que, confesamente ingenuo, espera el ocupante de Los Pinos que cumplan solamente tareas de contención de tráfico de armas a México y no de migrantes indocumentados de aquí hacia allá (linda estampa selectiva darían los vigilantes gringos viendo pasar espaldas mojadas sin hacer nada, porque sus funciones serían “otras”).
Pero la vista no puede apartarse de las escenas del desalojo violento de trabajadores que defienden su fuente de empleo, arrebatada tramposamente por un gobierno dedicado a entregar cuanto puede a los empresarios favoritos que suelen corresponder subterráneamente a los regalos recibidos. En otra parte, en el Zócalo de la ciudad de México, decenas de esos trabajadores se mantienen en huelga de hambre, como último recurso de protesta ante las barbaridades jurídicas, laborales y sociales cometidas en su contra. Entrampado, aislado, incompetente y sin autoridad moral, el gobierno de Felipe Calderón no tiene muchas opciones para continuar con sus políticas repudiadas más que la imposición, la represión física, la manipulación informativa, el retorcimiento de las leyes y la siembra de la desesperanza social. Aplicando todos sus recursos, no ha podido extinguir la protesta por el fascistoide golpe contra Luz y Fuerza del Centro y el SME; calumniando, dividiendo y desmoralizando, no ha podido apagar la resistencia civil pacífica que sigue latente. Burlado y traicionado por sus “socios” estadunidenses, que le aplaudieron con el mismo entusiasmo con que ahora lo relegan, encaminado a derrotas electorales que demostrarán sus trágicas pérdidas de poder, a Felipe nomás le queda el camino de usar, contra la realidad y sus protestas, a las fuerzas policiacas y armadas que previamente ha instalado a lo largo del país con el pretexto de la “guerra” contra el narcotráfico.
Astillas
Hoy se cumplen seis años de la represión del gobierno jalisciense a quienes en el marco de una cumbre de mandatarios de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se manifestaban en Guadalajara contra el modelo económico neoliberal y los abusos de poder. La embestida de la administración encabezada por Francisco Ramírez Acuña fue una intencional demostración de mano dura, con provocadores infiltrados, manipulación amarillista en los medios locales de comunicación, y aires intolerantes contra la ciudad de México, sus habitantes mayoritariamente cargados a la izquierda y su flexibilidad ante actos de protesta. Son muchos los testimonios de tortura, acoso sexual, simulacros de fusilamiento y otras violaciones a los derechos humanos sucedidas esas noche y madrugada de regocijo fascistoide en la capital de Jalisco. Pero, luego del escándalo intensamente promovido por el gobierno estatal y su caja foxista de resonancia, ¿qué sucedió con las decenas de jóvenes, en su mayoría, que fueron capturados en aquella trampa socialmente pedagógica? Daniel Alejandro Olvera Sule y Óscar Chávez Castillo, procesados en aquella ocasión, han hecho un resumen: “Al 23 de marzo de este año fueron declaradas culpables ocho personas con sanciones que van desde 15 días a un año, tres meses y cinco días de prisión. Actualmente hay dos personas que no han sido sentenciadas y cerca de 20 han apelado. Hasta ahora a ninguna persona se le ha impuesto una pena que no pueda ser cambiada por una multa de dinero. A la gran mayoría los antecedentes les suponen dificultades para encontrar trabajo”. Es decir, la alharaca mediática intimidatoria y los presuntos daños públicos y amenazas sociales sucedidas en Guadalajara no tuvieron proporción con los de por sí discutibles resultados judiciales. Pero el “castigo” impuesto por la derecha jalisciense ha ido más allá de los términos naturales de un juicio normal: mediante tretas, mañas y mala fe, han alargado las diligencias jurídicas para mantener a los acusados sujetos a la guillotina de la “justicia”. Olvera Sule explica: “son procesos de seis años para tratar de resolver acusaciones que podrían tener como castigo sentencias de dos años de privación de la libertad salvables mediante el pago de multas. Pero por instrucción de la procuraduría de justicia de Jalisco, los agentes del Ministerio Público apelan toda resolución, por cualquier causa o detalle, pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Jalisco que suba las sentencias. Todavía quedan en proceso 20 personas, siete dejaron de ir a firmar y tienen orden de reaprehensión”. Por todo ello, este sábado 28 se realizará una protesta pública frente a la representación del gobierno de Jalisco en el Distrito Federal, en Campos Eliseos con Rubén Darío, en la colonia Polanco... Y, mientras en Aguascalientes han allanado la casa de campaña del candidato priísta a gobernador, ¡feliz fin de semana!
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