Una tras otra. Mayo de 2010. Foto: Oswaldo Ramírez El caso de la aprehensión del candidato a gobernador por el PRD en Quintana Roo resultó ser el escándalo mayor en los comicios de 2010. Todavía hay por ver; es un tema legal, político y, sobre todo, de moral pública. ¿Qué hacer con Greg?, dilema que, de una o de otra forma, a todos toca enfrentar.
De siempre, no sólo por lo que la autoridad federal pudo decirle a los dirigentes del PRD en enero o febrero, se sabía el riesgo de postular un candidato popular, pero con serias y reiteradas dudas sobre su probidad. Adeudos millonarios de carácter civil, acciones legales en su contra en el Distrito Federal, una ostensible y desproporcionada seguridad y riqueza, el crecimiento en su territorio del tráfico de inmigrantes cubanos, la tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello a la semana de su llegada para poner orden en la seguridad municipal. Se suma el incremento de operaciones del narco en la zona y el desmantelamiento de dos centros de espionaje clandestino e ilegal que involucraban a cercanos colaboradores del presidente municipal Greg Sánchez. Nada de ello fue suficiente para convencer a Jesús Ortega sobre la inconveniencia de la candidatura de Greg.
La dirigencia nacional del PRD debió preguntarse ¿qué hacer con Greg? Los sondeos de opinión ubicaban como el mejor prospecto para la oposición al diputado priista Carlos Joaquín, quien vaciló por quedarse en el PRI o buscar la candidatura opositora. Al optar por lo primero, la dirigencia del PRD resolvió postular al alcalde de Cancún. El PAN, aun sabiendo la posibilidad electoral que le planteaba la candidatura de Greg, postuló a la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde.
¿Qué hacer con Greg? Debieron preguntarse en la PGR, en la Segob y posiblemente en Los Pinos. La aprehensión de Greg fue inevitable, indeseable para todos, para el gobierno federal y el estatal, los partidos, incluyendo al PRI. El tema es de la mayor gravedad: hace pública una de las evidencias más claras del vínculo del narco con la política, los partidos y las elecciones. Ocurre en el momento en el que el PAN necesita más del PRD y afecta la legitimidad del proceso electoral en la entidad y sus resultados. La presencia de un espía cubano delator y detenido, así como el peso de la evidencia sobre la relación con el narco en el trasiego de drogas a EU, hace pensar que la presión y las pruebas vinieron del país del norte.
Queda claro que el error de origen fue la decisión del PRD de darle la candidatura a Greg. Desde el PVEM lanzaron un obús a Jesús Ortega, a quien exigieron investigar por ser encubridor de Greg. Ortega, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta defienden a Greg y hacen a Gómez Mont responsable de la aprehensión, para así servir a Peña Nieto. El presidente Calderón reitera sobre el peso de las pruebas, por encima de la inconveniencia política por la aprehensión.
Para salvar la alianza con el PRD, César Nava acompaña a la PGR a los dirigentes calumniadores calumniados, quienes presentan una denuncia contra el dirigente del PVEM. Un homenaje al absurdo: Nava con el PRD contra el secretario de Gobernación solicitan intervención de la PGR, entidad a la que acusan de actuar por consigna del supuesto coordinador de la campaña presidencial del PRI, quien es, a su vez, el responsable de la política interior del gobierno del presidente Calderón, al que, por cierto, dicen no reconocer. El infortunio de Nava: “quien con niños se acuesta, mojado amanece”.
¿Qué hacer con Greg? Se preguntan los magistrados electorales, quienes tendrán que resolver, si es el caso, el juicio para la protección de derechos políticos. Ya lo hicieron para la elección de Aguascalientes y le regresaron la candidaturaa Martín Orozco del PAN. El caso de Greg es distinto, ya que la acusación es por delito grave y el inculpado ha perdido libertad; es suficiente la lectura detenida de la sentencia del Tribunal Electoral del pasado 13 de mayo para entender que la situación legal de Greg es distinta y mucho más complicada que la del candidato hidrocálido Martín Orozco. Pero el principio de presunción de inocencia y la interpretación literal del artículo 23 del Pacto de San José, dan base para que Greg intente preservar por la vía judicial el derecho a ser votado, convención que señala que las exclusiones a tal prerrogativa son “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
¿Qué hacer con Greg? Insisten en el PRD, ¿lo sustituyen o continúa como candidato? ¿Qué hacer con Greg, se pregunta Greg? Quien podría terminar encarcelado en EU ¿Qué sucedería si Greg decide acogerse a la condición de testigo protegido? Representaría el develamiento mayor del dinero del narco y la política.
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