Las elecciones convocadas para julio próximo en varias entidades del país han generado una tensión pocas veces vista en este tipo de confrontaciones de carácter local. Parecería que los comicios fueran nacionales. Esta situación se debe a que se considera por todos los partidos que el gran resultado, es decir, el promedio, incidirá de una manera determinante en la próxima sucesión presidencial de 2012. Se tenga o no razón, el hecho es que tales elecciones han cambiado el panorama político nacional.
El primer punto ha sido la alianza electoral del PAN con el PRD en varios estados, la cual es por completo inexplicable desde otro punto de vista que no sea el pragmatismo futurista del 2012, es decir, la idea de que la fuerza gubernamental del PRI en la mayoría de las entidades es de por sí un elemento electoral debido a la utilización exitosa del aparato público local a favor de ese partido. La tarea, por tanto, sería evitar que el PRI gobierne tantos estados. Esta táctica de seguro que fracasará debido a que las elecciones de Estado, como se les denomina, se harán desde 2010 para refrendar la fuerza política del PRI con vistas justamente al relevo presidencial y, naturalmente, al mantenimiento de los grupos priistas en el poder.
El segundo punto es la guerra de encuestas. Los encuestadores son contratados por partidos, periódicos y otros medios de comunicación para apuntalar a los candidatos como si los sondeos fueran la elección. Existe una especie de lucha de encuestas como si se tratara de resultados electorales extraoficiales del día siguiente de los comicios. Muchos encuestadores se encuentran en la penosa situación de ser vistos como sospechosos instrumentos de la tensión electoral. Esto ocurre, en especial, con quienes con frecuencia arrojan resultados alejados de las cifras finales. Los partidos publican a toda plana las encuestas que les gustan como si tales sondeos fueran la mejor publicidad política, mucho más que los programas de los candidatos.
El tercer punto es el caso Gregorio Sánchez, de Quintana Roo. Si la Procuraduría General de la República está tan segura de los cargos que ha presentado, ¿por qué no lo hizo antes del registro de ese candidato? Lo que ha dicho hasta ahora la PGR es que el ex alcalde de Cancún posee dos millones de dólares en cuentas bancarias y, de esa manera, se dice probar sus conexiones con el narcotráfico, es decir, que Gregorio Sánchez es narco. Pero no conocemos personas de ese negocio que pongan el botín en cuentas bancarias a su nombre. Esta sería la primera vez. El enriquecimiento inexplicable —delito— no indica necesariamente narcotráfico. Sin embargo, se habla de los ya famosos testigos protegidos que han sido usados como se quiere, para lo que se quiere y cuando se quiere. Desde un punto de vista estrictamente legal, el tener dinero y ser reconocido por un testigo en poder del fiscal no constituye probanza alguna de un delito tan grave como el de tráfico de drogas prohibidas, llamado contra la salud. Tanto el dinero como los testigos ya estaban localizados por la PGR desde hace mucho tiempo, pues los registros bancarios no son de ayer ni los tales testigos fueron aprehendidos antier. ¿Para qué la espera? Además, a Tepic fueron llevados hace un año unos jueces, nuevos y transferidos, para recibir toda clase de consignas gubernamentales, como lo demostró el michoacanazo que puso en ridículo a la PGR pero agravió a mucha gente.
Parece que la tensión electoral amenaza con seguir modificando la situación política de México. Y si esto es así ahora, cuando faltan dos años para los comicios federales, ¿qué debemos esperar? Buena pregunta, ¿no?
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