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Caso Greg, la dudas
Muchas, muchas dudas. Y de todas, una central: ¿Era el mejor momento para arrestar a Gregorio Sánchez Martínez, Greg, sobre quien existen acusaciones desde hace tanto tiempo? Y está la otra: ¿Sabía Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, que el polémico alcalde con licencia era investigado por la PGR (como dice el gobierno federal) y que podría ser llevado a prisión? ¿Lo calculó? Y bueno, está la pregunta de cajón: ¿Tienen en realidad armada la causa contra el político guerrerense, o, como sucedió con el llamado “michoacanazo”, no podrán retenerlo en prisión? El CEN del PAN lo rechazó desde febrero pasado como candidato a la gubernatura de Quintana Roo porque, obvio, tenía información. Por eso decidió no amarrarse en alianza, como lo hizo en el resto del país. Se dice que la investigación de Greg estaba en las mesas de diálogo entre Ortega y César Nava, dirigente nacional del PAN. Pareciera que aquí se juntaron dos obstinaciones: la de Ortega, que lanzó a Sánchez Martínez contra todo lo que se decía de él, y la del gobierno federal, que decidió dar el manotazo en medio de una elección tambaleante.
Como le dijimos ayer, el Plan Mérida, destinado a armar con equipo de guerra a México para su combate a la droga, cambia. Buena parte de los 310 millones de dólares que otorgará EU se destinará ahora a las reformas judiciales, a programas de buen gobierno, “a mantener el apego al estado de derecho y al respeto a los derechos humanos”, según la subsecretaria asistente de Estado, Roberta Jacobsen. El cambio era de esperarse. La guerra armada no ha dado los resultados que ambos países esperaban. El mismo plan antidrogas de Barack Obama se relanzó hace dos semanas para dar prioridad a los programas comunitarios antidrogas, a estimular la detección de problemas con el consumo y a expandir el tratamiento. Sería un contrasentido, entonces, que siguiera pagando helicópteros y aviones de guerra a su vecino.

Sucedió: el acrónimo “Malova” no podrá ser usado en las boletas electorales de Sinaloa, como quería la alianza PAN, PRD, Convergencia y PT. Tampoco podrá emplearse en la publicidad de sus candidatos a diputados y alcaldes. Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se argumentó que el senador con licencia Mario López Valdez, candidato a la gubernatura de Sinaloa, usa desde 1985 publicidad similar en su cadena de ferreterías Malova, S. A. de C. V. No sólo eso: la alianza quería usar el lema: “Con Malova de corazón por Sinaloa”, y se le negó porque los mismos negocios usan una leyenda similar en la publicidad comercial: “Donde usted compra de corazón”. Las farmacias estarían apoyando la candidatura sin estar sujetas a las leyes electorales, por un lado. Y por el otro, lo obvio: López Valdez estaría promoviendo su empresa con dinero destinado a campañas políticas.

Apunte final: El IFAI ordenó hacer pública la averiguación previa relativa al 2 de octubre de 1968. Falta que el gobierno federal quiera.