Julio Hernández López
SUMISIONES. Fernando Gómez Mont, ayer, en el segundo foro político Seguridad y Justicia, donde aseguró que el Estado no está dispuesto a “obedecer a la delincuencia organizada” y que el gobierno apuesta “a que la obediencia sea a la ley”Foto María Meléndrez Parada
Enrique Peña Nieto está en riesgo de perderse electoralmente entre los evidentes huecos de las conclusiones presuntamente científicas que uno de sus subordinados ha presentado entre escándalo nacional como cierre del caso de la niña Paulette Gebara Farah. Puntero indiscutible de la temprana carrera por la sucesión de 2012, facturado beneficiario de los poderes decisorios de las televisiones nacionales, en especial la de Emilio Azcárraga, y jefe máximo del cártel de gobernadores priístas que financian y ejecutan acciones de defraudación en comicios estatales, el esposo de la actriz conocida como Gaviota no parece haber medido con éxito el costo de adjudicar la muerte de la pequeña de Interlomas a un accidente que resulta colosal y masivamente increíble, a extremos que suscitan cabalgante enojo social y un prematuro rechazo explícito a las posibilidades presidenciales de quien hoy está siendo calificado hacia el futuro en función de sus resultados actuales, concretamente por lo que ha hecho decir al deshilachado procurador Bazbaz y lo que ha retorcido al aparato de búsqueda de justicia en aras de proteger intereses de elite.
Peña Nieto apostó a la desmemoria y al cinismo. Con la esperanza de que se notara y debatiera lo menos posible, hizo que se diera a conocer el dictamen del “accidente” entre las cargadas tolvaneras del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, del discurso retador y contraproducente de Calderón en el Capitolio y de las bondades deportivas esperadas de una final futbolera que luego sería ganada de manera extraña. Trató, es cierto, de evadir su vinculación personal con el resolutivo, negándose a hablar sobre el tema con la prensa, pero finalmente hubo de apoyar la postura de su procurador Bazbaz y con ello quedó teñido de la misma tintura en grave entredicho.
La maniobra fue, como era natural, denunciada y atacada por los opositores a la precandidatura toluqueña (el propio César Patylú, todo limpieza y honestidad políticas, airadamente exige cuentas de este convenio sin testigos de honor que ahora él no firmó). Pero en favor de la bazbazidad cometida estaba la blandengue y convenenciera aceptación del padre de la menor muerta, quien convalidó sin reservas las palabras oficiales. Habría de saltar ayer, sin embargo, una pieza que de tan golpeada en el pasado parecería no tener fuerza para involucrarse en nuevos lances, la madre de la pequeña, que largamente ha sido considerada socialmente como la villana de esta historia. Lisette Farah no acusa, ni siquiera rechaza la versión oficial. Simplemente dice que le parece increíble y revela que nunca le permitieron conocer el expediente del caso de su hija y que conoció los resolutivos oficiales como si no fuese ella una principalísima interesada, en un sofá de su casa, frente a un televisor. Exige, como muchos otros, cada vez más (hasta la bancada priísta del congreso del estado de México, acaso con la pretención de centrar ese proceso de transparencia en ese ámbito igualmente controlado por EPN), que haya “una explicación sustentable” del proceso que llevó a Bazbaz-NietoNieto a las conclusiones anunciadas. Poner a disposición pública esos documentos, para confirmar lo que a las autoridades les parece tan firme, sería una forma civilizada de poner fin a las crecientes murmuraciones, a menos que todo sea una simple orquestación documental mal hecha, cuyo único propósito fuera acomodar las diligencias y actuaciones judiciales a intereses defendidos y protegidos por el jefe siempre enredado en financiamientos subterráneos para actividades electorales y en negocios privados con cargo al erario operados por familias prestadoras de nombres y habilidades financieras.
El curso del caso Paulette ha llevado con rapidez a Peña Nieto a una situación crítica. Aun cuando sacrificara a su procurador indefendible, pero puntualmente obediente, el precandidato presidencial priísta quedará signado por los hechos que largamente permitió y ordenó. Romper sus equilibrios internos, castigando así fuera por necesidad a uno de los integrantes de la banda de complicidades que gobierna el estado de México, podría resultar riesgoso para el proyecto pinolero. Pero algo debe hacer, y con rapidez, el político del copete distintivo, antes de que sus aspiraciones presidenciales acaben en el mismo hueco donde presuntamente pasó nueve días una pequeña muerta a la que fallidamente habían buscado ejércitos de policías, peritos e investigadores nacionales e internacionales.
Astillas
El clero católico está a la búsqueda de rendijas por las cuales colar justificaciones y pleitos. La iglesia numéricamente más fuerte de México está erosionada por sus renovados jaloneos de cúpulas, desprestigiada como nunca a causa de evidencias pederastas, asociada escandalosamente a los poderes políticos y económicos y cada vez más distante de los intereses sociales mayoritarios. Todo lo cual habrá de reflejarse en una explicable disminución del volumen de creyentes genéricos, lo que en el mundo del rating, y las consecuentes porciones de pastel que corresponden a las cifras demostrables de clientela, significará pérdidas de posicionamiento publicitario y de capacidad de presión “respaldada”... Por eso es que los jefes con sotana necesitan banderas y pretextos, con tan mala suerte, hasta ahora, que las cruzadas circunstanciales que han emprendido no han derivado en revueltas populares, ni siquiera la lucha contra el aborto que en otros momentos pudo haberse convertido en incendio de fanatismos y ahora a lo único que ha llegado es al tendido de una especie de cerco congresista del resto de las entidades federativas hacia la ciudad de México, con la intención de asestar a la capital del país una corrección legislativa interna decidida por factores externos, y de escarceos judiciales como los librados ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el más conservador de sus ministros, Sergio Aguirre, quien ha hecho cuanta treta dilatoria le ha sido posible para retrasar la prefigurada aprobación de la píldora llamada “del día siguiente”... ¡Hasta mañana!
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