Desaparecer personas se ha convertido en una forma expedita de combatir a los enemigos del Estado .
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos no es un caso aislado. México es un país donde cientos de personas un día dejaron de estar donde estaban y de convivir con los suyos. En muchos casos se trata de secuestros de origen político, como los muchos perpetrados durante el sexenio de Luis Echeverría, la mayoría de los cuales siguen sin aclararse. En otros, como los ocurridos en los cuatro años más recientes, algunos tienen connotación política, pero se trata sobre todo de individuos real o supuestamente ligados al narcotráfico, pero que para todos los efectos son desaparecidos.
Desaparecer personas se ha convertido en una forma expedita de combatir a quienes las fuerzas del Estado consideran sus enemigos, sean meros delincuentes o gente ligada a la guerrilla, como dicen que lo eran Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario.
Un gobierno que combate a sus adversarios de esta manera, lejos de mostrar fuerza exhibe en forma lastimosa su impotencia. El reguero de cadáveres que deja cada día la llamada guerra contra el narcotráfico es la mayor muestra de incapacidad represiva y más que nada política, pues el despliegue de fuerza no es resultado del análisis frío e informado sobre las causas sociales del crimen, sino mera reacción zoológica.
Pero no se puede esperar algo distinto de quien un día declara que el hampa ha implantado “su ley de violencia y muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya una problemática profunda y arraigada”, según dijo el señor Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, sin que sus colaboradores le informaran que eso culpaba e insultaba a los mexicanos que tienen la desdicha de vivir en las zonas asoladas por la violencia.
No menos groseras son las declaraciones de doña Georgina Kessel, quien se niega a asumir su responsabilidad en el desastre en que se ha convertido el suministro de energía eléctrica en el centro del país. Lejos de admitir que ninguna empresa puede funcionar si le quitan a su personal calificado, la señora y otros funcionarios insisten en que las fallas son “provocadas”, con lo que se pretende culpar al Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya respondió haciendo evidente la ignorancia de sus acusadores, pues nadie puede llegar a cortar un cable de 26 mil voltios y salir vivo.
No es menos censurable lo dicho por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, quien advirtió a los advertidos que el incendio en la guardería ABC de Hermosillo “pudo haber sido provocado”, o pudo no serlo, agregamos, para enriquecer el legado filosófico de Mario Moreno Cantinflas.
En esa casa del jabonero que es el “gobierno” federal, no es de extrañar que The New York Times publique que Felipe Calderón intervino personalmente para que la supuesta esposa de Joaquín El Chapo Guzmán fuera puesta en libertad, lo que ocurrió la semana pasada, hecho que de ser cierto confirmaría el rumor de que en la llamada guerra contra el narcotráfico se favorece a la mafia de El Chapo y se desmentiría a quienes, como Gómez Mont, aseguran que “el gobierno federal no dialoga, no pacta ni negociará con organización delictiva alguna”.
Tantos desatinos propician también algunas versiones que circulan profusamente, como aquella según la cual Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado para canjearlo por el capo Nacho Coronel, lo que evidenciaría que sí se dialoga y se negocia. ¿Será?
*Periodista y autor de Milenios de México
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