El arresto de Gregorio Sánchez, candidato a gobernador del PRD de Quintana Roo, puede significar la hecatombe para el PRD y para su líder Jesús Ortega, amigo personal del detenido. Desde el 2007 Ortega y el CEN del PRD tuvieron en sus manos la documentación sobre las relaciones del entonces alcalde de Cancún y su familia con la delincuencia organizada de Guatemala y Chiapas. En enero de 2010 la PGR advirtió a Ortega que Sánchez estaba bajo investigación, sin embargo, lo denominaron candidato. El PAN se negó a ir en alianza en Quintana Roo porque Nava sabía de las pesquisas de la SIEDO.
El argumento de que esta detención tiene móviles electorales es tan débil como el histrionismo de Niurka, la esposa de Greg. Para quienes desde hace años documentamos la construcción del narcoestado en el sureste, la sorpresa no es el arresto de Sánchez sino la tardanza en llevarlo a cabo. El nombre de Greg Sánchez aparece en la investigación de SIEDO desde la detención de Daniel Pérez Rojas (a) El Cachetes, en Guatemala en marzo del 2008 y Mariano Herrán Salvatti en febrero del 2009, cuando la entrada de cocaína y armamento por el estado de Chiapas se trasladó por la vía marítima y aérea hacía el municipio de Benito Juárez (Cancún) por el Caribe y por el Pacífico a las costas de Oaxaca.
La gestión de Greg Sánchez como alcalde del polo turístico más importante del país ha estado bañada de sangre e intrigas desde sus inicios. En 2004 Hugo Hernández, ex comandante judicial de Cancún, acusó a su jefe Gregorio Sánchez como autor intelectual de intento de homicidio cuyo móvil fue la repartición de los botines producto de actividades ilícitas. El general Mauro Enrique Tello Quiñones fue asesinado por Los Zetas y el secretario de Seguridad Pública Francisco Velazco fue arrestado. El hermano de Greg está preso por secuestro; su hermana Magdalena Sánchez con su esposo Carlos Gasca, socio del candidato, fueron acusados de lavado de dinero al intentar cambiar más de 300 mil dólares en efectivo cuyo origen nunca pudieron demostrar.
Durante el último año del gobierno de Sánchez el incremento de permisos municipales de bares y prostíbulos con víctimas de trata sexual nacionales y extranjeras ha sido notable, al igual que la expansión del tráfico de cubanos indocumentados y la operación intocada de casas de juego clandestinas nunca antes vistas en Quintana Roo.
La diferencia entre el michoacanazo y la detención de Sánchez es abismal. En el primero la autoridad se respaldó en la figura de “arresto preventivo” sin juez de por medio; en ésta, tanto SIEDO como Interpol participaron en la aportación de evidencia técnica y un juez federal giró la orden de aprehensión. Tanto testigos protegidos como detenidos hacen señalamientos directos al candidato y sus cuentas bancarias lo evidencian.
Mientras el PRI con su propensión carroñera se monta en el escándalo del narcoestado inaugurado por Villanueva, el PRD ignora el daño monumental que causa a Quintana Roo con su indocta actitud ante la gravedad de los hechos. Si bien es cierto que el PRD ha sido víctima de manotazos políticos en procesos electorales del pasado, en esta ocasión se equivoca. Lo que está en juego es la responsabilidad de un partido nacional al avalar a un probable candidato del crimen organizado.
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