Una conversación privada, dada a conocer por El Universal, en la cual se habla de la necesidad de conseguir unos 6 millones de dólares (más de 80 millones de pesos) para apoyar la campaña de López Obrador, ha sido declarada ilegal, así nomás, por el PRI y por Peña Nieto.
López Obrador ha dicho que no le pide dinero a nadie, lo cual no quiere decir que no lo acepte, como ocurre en toda campaña, dentro de lo permitido por la ley. De esa manera, el candidato perredista se deslinda de la supuesta operación recaudadora, pero mientras tanto nadie quiere salir a decir que la Constitución señala que el financiamiento público debe ser siempre mayor que el privado, con lo cual se admite que este último exista hasta por un peso menos que aquél.
Ahora bien, lo que la ley limita es la cantidad que cada persona pueda aportar y también prohíbe que las sociedades mercantiles hagan donativos. Existe otro límite: el tope de gastos de campaña que fija el IFE con arreglo a ciertos cálculos. Pero no es ilegal recibir donativos, siempre que se ajusten a la legislación. Tampoco es ilícito pedir dinero y menos todavía hablar de la necesidad de juntar recursos con propósitos políticos.
Quienes informan sobre una conversación tendiente a realizar alguna acción, la que sea, también deberían explicar lo que dicen las leyes al respecto, pues de lo contrario, en una sociedad tan desinformada como la mexicana, parece que toda acción es de por sí ilícita cuando se vincula con los dineros.
Los ilícitos en esta materia han quedado siempre en la impunidad penal: nadie fue sentenciado. Los dos mayores (conocidos) han sido el Pemex Gate (1100 millones) y Amigos de Fox (más de 300 millones), los cuales sólo fueron sancionados por la vía administrativa a cargo del IFE. El PRI fue multado con mil millones y el PAN, junto con su entonces aliado, el llamado Partido Verde, con unos 300. Pero todos los demás dineros que han corrido desde los gobiernos a los candidatos no han sido documentados y se han perdido en la ignorancia total de los ciudadanos. Peña adquirió fama en el PRI de ser el mayor financiador de candidatos con recursos públicos, junto con Moreira, aunque éste con mucho menos dinero. Estos son los decires en la clase política priista donde se saben cosas y qué cosas.
Es risible que Peña Nieto declare que el contenido de la noticia “a todas luces no se apega a la legalidad y a lo que el Código Electoral establece”, es decir, ya el candidato priista cambió las leyes, se constituyó en juez y dictó sentencia. Pero es más risible porque Peña podría hablar mucho sobre la manera de llevar a cabo el financiamiento ilícito de campañas electorales. Lo que no es risible es que el noticiario de Televisa dedique muchos valiosos minutos a una noticia procedente de un diario dando vueltas y vueltas a un asunto que se escurre entre los dedos de los comentaristas.
Por lo que se observa, a un mes de las elecciones parece que las campañas están empezando. Las tendencias apreciadas por los encuestadores nos arrojan un panorama de incertidumbre. Nada parece estar tan amarrado como se había proyectado en las mediciones de preferencias electorales. Tal vez por esto, el nuevo inicio de las campañas nos puede llevar a la reedición de la propaganda sucia, a través de medios y métodos rebuscados aunque pretendidamente eficaces. Como no se pueden medir los estados de ánimo de contendientes, estrategas y amigos comunicadores, y como de nada sirve el llamado a la compostura, lo mejor sería proponer otra cosa imposible: que ya no se hagan encuestas.
Fuente página de Pablo Gómez
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