¿Qué diríamos en el Distrito Federal si se intentara construir un estadio de futbol para el América en el Bosque de Chapultepec? Seguro nos opondríamos con todo y con toda energía; la sola idea nos parece absurda y arbitraria y ni las autoridades se atreverían ni la empresa dueña del equipo lo pretendería, ni por supuesto, la gente lo toleraría.
Pero en Monterrey parece que las cosas están funcionando de otro modo. El gobierno municipal de Guadalupe, el gobierno estatal y Femsa, la empresa dueña del equipo Rayados de Monterrey, se han empeñado en construir un estadio en el bosque La Pastora, que es el bosque urbano más importante en la zona conurbada de la gran mancha urbana con centro en la capital del estado de Nuevo León.
Arriba, en la burbuja privilegiada, empresarios y funcionarios públicos parece que están ya de acuerdo, se habla de grandes inversiones, de convertir en estacionamiento toda una zona popular, de talar árboles y segar fuentes a cambio de continuar con el negocio del espectáculo deportivo; en cambio, la gente abajo, aun los simpatizantes del equipo, que son muchos, se oponen con razones y con enjundia al proyecto. Un cartel en una manifestación expresó claramente la prioridad: “Queremos a los Rayados, pero más a nuestro bosque”.
Tanto en la ciudad de México como en la cada vez más grande capital de Nuevo León y su zona periférica, enfrentan problemas similares, desde mi óptica, con dos diferencias: el paisaje que es bello en ambos lugares, pero muy diferente, y el criterio de los gobernantes. En cambio, la actitud popular es muy similar; en ambas concentraciones gigantescas, los habitantes quieren y defienden sus parques, sus áreas de recuperación pluvial y su entorno ecológico.
Hacer un gran estadio rodeado de estacionamientos en un bosque, pulmón de la urbe, es un contrasentido, sustentado tan sólo por quienes lo defienden por las ganancias pecuniarias para unos pocos, a costa, a cambio, de la salud, la tranquilidad y el descanso dominical de muchos. En el DF alguna vez se intentó destinar una parte de la Cañada de Contreras para un campo de golf y un desarrollo urbano, la opinión pública paró el proyecto.
Aquí, en la capital de país, el bando dos, oportunamente preservó áreas verdes y espacios de recargo de acuíferos en la zona montañosa del sur del Distrito Federal y se ha, al menos, pospuesto el viejo proyecto de una carretera que parte el bosque en dos, todo gracias a la actividad ciudadana y a la prudencia gubernamental.
En Monterrey, el paraje formado por el bosque La Pastora, sus corrientes de agua y sus sitios pintorescos, está siendo defendido por ciudadanos organizados no carentes de valor civil.
En otras zonas de Monterrey, la suerte ha sido diversa; en el amplio cause del río Santa Catarina no se pudieron evitar a tiempo concesiones oficiales a negocios privados que hicieron que ese lugar, antes popular y frecuentado por niños y jóvenes que lo usaban para sus partidos de futbol o de beisbol o familias que sencillamente paseaban por el sitio, se convirtiera en campos exclusivos de paga para campeonatos elitistas, en pistas de go carts y hasta en un pequeño campo de golf.
En cambio, ciudadanos y funcionarios valientes frenaron un fraccionamiento de lujo en el Cañón de la Huasteca, decretado como parque nacional en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Otro movimiento que va por buen camino es el que pretende evitar la depredación del emblemático Cerro de La Silla.
En muchos centros urbanos del país, la presión del crecimiento poblacional exige nuevas urbanizaciones, pero el criterio no debe ser el de las ganancias y la codicia de los desarrolladores, si no el de un crecimiento planeado, racional, respetuoso de áreas protegidas e inspirado por criterios de justicia social.
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