Carlos Fernández-Vega
Los acuerdos bajo la mesa, los pactos en lo oscurito, han llevado al país al borde del precipicio. Es la práctica cotidiana de una clase política, igual de voraz que de ineficiente, que ha hecho añicos la legalidad en México y cancelado la posibilidad de contar con ella para que algún día esta heroica República tenga más futuro que los enjuagues de sus “dirigentes”, negociados no sólo a espaldas de los mexicanos, sino abiertamente en contra de ellos.
En el capítulo más reciente, que no el último, la renuncia (a su partido) de un abogado corporativo que devino secretario de Gobernación (donde se mantiene) destapó una cloaca más en el negro historial de la clase política nacional: la estructuración y aprobación del paquete económico 2010 (con su alud de impuestos y el aumento de precios y tarifas del sector público) no respondió a las necesidades de los mexicanos, a las urgencias nacionales, sino a los intereses electorales del grupo con mayoría relativa en la Cámara de Diputados y al capricho del inquilino de Los Pinos de contar con mayores recursos para hacer lo suyo, también, en materia electoral, y alguien tenía que pagar el costo.
Así, los mexicanos, de por sí brutalmente golpeados por la crisis del “catarrito”, fueron obligados por los “representantes populares” priístas (con la venia de otras agrupaciones) a pagar mucho más en impuestos, precios y tarifas (a cambio de nada) para cubrir las “necesidades” financieras del esclerótico gobierno calderonista, con la condición de que éste les garantizara –extralegalmente– que el PAN no concretaría alianza alguna con otras organizaciones políticas representadas en San Lázaro con miras a las elecciones que este año y para elegir gobernador se realizarán en 10 estados de la República, un primer experimento con la vista fija en las presidenciales de 2012. Queda claro, por si existieran dudas, que para garantizar los intereses electorales de priístas y panistas los mexicanos están obligados, por ley, a pagar más IVA e ISR (incluidos pensionados y jubilados), amén de cubrir los nuevos cuan variados impuestos y las alzas en precios y tarifas del sector público, además de soportar la inclemencia económica, la permanente pérdida de poder adquisitivo y la amenaza constante sobre la fuente de trabajo.
¿Y adónde se fueron las urgencias económicas, las necesidades de los mexicanos, el crecimiento nacional, el progreso de la República, el futuro de la Patria, la reivindicación social, el combate a la pobreza, las “decisiones consensuadas”, el “evitamos la quiebra del país” y tantas otras frases de ocasión disparadas a diestra y siniestra por priístas y panistas, avaladas por otras agrupaciones en San Lázaro con disfraz negro y amarillo, a la hora de votar el paquete económico 2010?
Simple: al mismísimo caño, porque mientras el país va a la deriva lo único que interesa y ocupa a la clase política es amarrar posiciones, asegurar dietas y presupuestos para sí, y quitar estorbos del camino. ¿De qué sirvieron transmisiones en vivo, dos meses de supuestas “negociaciones” públicas, para que en los hechos, y sin más, se concretaran acuerdos privados, extralegales y en contra de los intereses de los mexicanos? Y por el mismo caño se fueron la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para todo eso, y más, los priístas contaron con el abogado corporativo (y viceversa), el mismo que muy dignamente renunció a su partido, pero indignamente se quedó con el hueso y se mantiene como secretario de Gobernación, mientras el flácido inquilino de Los Pinos “se enteró de último”, según la versión de Gómez Mont, la cual sólo la cree él mismo. A cuatro meses de distancia de aquellas “negociaciones públicas” y amarrado el acuerdo privado, cuánta sabiduría encerraban las palabras de un distinguido diputado priísta que a los opositores del paquetazo 2010 dijo: “ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones!” Y dados los pactos en lo oscurito y la desatendida emergencia económica, muy cerca están los mexicanos de darle la razón.
Los mismos priístas que, tras la aprobación del paquetazo 2010, reivindicaban que “con nuestro voto evitamos la quiebra del país”, ahora cínicamente reconocen que no evitaron absolutamente nada, porque en realidad lo que hicieron fue garantizar, con el secretario de Gobernación, triunfos electorales en 10 estados de la República y, con ello, una posición de avanzada con miras a 2012: “la fracción del PRI en la Cámara de Diputados sí negoció con el gobierno federal la aprobación de la Ley de Ingresos –con IVA de 16 por ciento incluido e impuesto sobre la renta de 30 por ciento– y el Presupuesto de Egresos el pasado mes de noviembre, a cambio de que no se establecieran alianzas electorales con el PRD por parte del partido en el gobierno”, reconoció Francisco Rojas, coordinador de ese grupo parlamentario. En conferencia de prensa, Rojas se vio obligado a aceptar que el PRI definitivamente empujó la negociación para evitar las alianzas electorales a cambio de presupuesto, porque éstas “son un engendro que engaña a los electores porque no hay ideología ni programa claro, y además son inequitativas” (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).
Bien por el cínico salinista, ahora instalado como coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, quien califica de “inequitativas” las alianzas político-electorales porque “engañan a los ciudadanos”, cuando su obligación legal, y la de sus correligionarios en la Cámara de Diputados, era no engañar a los mexicanos y sacar adelante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en criterios de crecimiento económico y de bienestar social para los mexicanos, no para sacar raja con miras a los próximos comicios. Lo cierto es que no perdieron el tiempo, porque el propio Rojas reconoce que “desde octubre” (2009) se iniciaron las negociaciones “con el gobierno federal”, es decir, prácticamente desde que el inquilino de Los Pinos (el que supuestamente nada sabía) les hizo llegar su paquete económico. ¿Y la recuperación económica, las urgencias de los mexicanos?
Las rebanadas del pastel
Si se trata de transparencia y acceso a la información, allí está la comparecencia privada de funcionarios públicos como la realizada ayer en el Senado de la República: el llamado gabinete calderonista de seguridad se reunió con los inquilinos de Xicoténcatl, los mismos que se obligaron a firmar un “compromiso de confidencialidad”, como si a los mexicanos no interesara el tema. Pero no hay de qué preocuparse, que Gómez Mont estuvo al frente de tal gabinete y algún acuerdo electoral habrá obtenido de tal encuentro.
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