Es tiempo de leer las declaraciones como si se tratara de llamadas de atención a propósito de las reformas de la Asamblea del DF, que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, el presidente Felipe Calderón se atuvo a sus conocimientos jurídicos y, el 2 de febrero de 2010 en Tokio, afirmó sin medida ni clemencia: La Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, y ahí (en la demanda de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República) simplemente hay un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte. Valdría la pena que el Señor Presidente nos proporcionara una fotocopia del ejemplar de la Constitución que usa, porque en el documento que circula su hallazgo explícito no se localiza, no se ve por ningún lado. Se habla de la familia, sin especificar, como quiere ahora el clero y seguramente la PGR, que ésta consta de padre, madre, muchos hijos, nietos y confesor, pero del matrimonio entre hombre y mujer, simplemente no hay registro. Es muy probable que esto se deba al jacobinismo ateo o a la falta de previsión de los constitucionalistas o, quizás también, a que en la Libre de Derecho, de la cual el licenciado Calderón es el jurista más ilustre, se maneja otra Constitución. La que circula en el mundo laico dice lo siguiente en el artículo cuarto: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Y en el artículo primero, en su tercer párrafo se establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Repetimos: el hombre y la mujer. ¿De dónde se extrae la un tanto peregrina conclusión: la igualdad ante la ley del varón y la mujer es igual al matrimonio del hombre y la mujer?
A ratos, don Felipe se acuerda de que hay cientos de miles de mexicanos con otras preferencias (y otras lecturas, más textuales, de la Constitución, donde no se inventa a pedido el matrimonio entre hombre y mujer, aprovechándose mañosamente del escaso conocimiento jurídico de los periodistas japoneses). Debido a eso, con astucia que sería meritoria de no refrendar la índole de su orden a la PGR, afirma: Respeto plenamente las preferencias sexuales de cualquier persona, así como a las parejas integradas por personas del mismo sexo. ¡Qué hábil! Las respeta siempre y cuando no se les ocurra tener derechos, y oponerse a los dictámenes de los obispos; las respeta siempre y cuando acepten que pueden vivir juntos o juntas, pero no pasear jurídicamente de la mano ante un juez.
Calderón insiste: la demanda de inconstitucionalidad no tiene fines políticos. ¿Qué acción de los gobiernos carece en primera y última instancia de fines políticos? ¿No es un fin político proceder contra los que atentan contra la ley de Dios, a nombre de una falsa argucia jurídica? ¿No es político el igualar a un gobierno con las campañas del episcopado?
Otros expertos en la homofobia, que tan no carece de definiciones en la práctica, que involucra crímenes de odio, dramas familiares, campañas de ridiculización, despidos laborales y ostracismo, son los clérigos católicos, empeñados en ratificar la subhumanidad de los diferentes. Por ejemplo, el jefe de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, el primer obispo de los Legionarios de Cristo y, de seguro, un discípulo fiel del padre Marcial Maciel. Según el prelado (La Jornada, 2 de febrero de 2010), estas uniones no tienen madre y la Iglesia católica no es homofóbica, porque es la única institución que se ocupa de ellos cuando se están muriendo de sida. ¡Qué noble y qué generoso el Legionario! Así que su limosna es la extremaunción.
La Arquidiócesis de Guadalajara, regida por Juan Sandoval Íñiguez, no necesita modificar la Constitución a su gusto. Le basta con decir, a propósito de las adopciones: En tal sentido, entonces deberíamos legalizar todos los asesinatos, el narcotráfico o cualquier otra actividad que ya se hizo común para muchos. ¿Para qué están las leyes? ¿Para tutelar el orden o para ponerse al servicio de lo que sucede en la calle? Ha sido primordial la respuesta crítica de muchísimos intelectuales y juristas de primer orden que señalan para qué no están las leyes: para discriminar, para implantar la intolerancia como en los mejores tiempos del integrismo, para asegurar en donde se quiere vivir en una sociedad abierta y moderna.
Atentamente,
Carlos Monsiváis, Jenaro Villamil y Jesús Ramírez Cuevas
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