Carlos Fernández-Vega
No hace mucho que un señorcito, que ahora anda de viaje por la madre patria, prometió que el Procampo se orientaría a compensar el ingreso de la familia campesina en los territorios marginales y de escasa productividad”, aunque en los hechos se ha documentado que los recursos públicos de este programa se canalizan a los negocios privados de los familiares y amigos de los políticos –de hecho, a ellos mismos–, y a uno que otro narcotraficante. También decía que el campo mexicano y sus cerca de 25 millones de habitantes se contarían entre los más beneficiados de su estancia en la residencia oficial, aunque en realidad la línea de producción de esa fábrica de pobres está a todo lo que da. Como en tantos otros sexenios, el desolado campo mexicano le ha servido al inquilino en turno para todo, menos para lo urgente: hacerlo productivo y, por ende, sacar de la miseria a sus habitantes.
Promesas aparte, el campo mexicano se mantiene en el abandono, aunque desde el gobierno se presuman muchos millones de presupuesto, que al final de cuentas no benefician a quienes se supone deberían. Tan deprimente resulta el panorama, que hasta el Banco Mundial –a petición de la Secretaría de Hacienda– presentó sus conclusiones, luego de analizar el gasto público en México destinado –versión oficial– al desarrollo agrícola y rural, y empaquetado en lo que se conoce como Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 (PEC). Van, pues, algunos de los aspectos subrayados por el organismo financiero multilateral en el tema referido, los cuales, obvio es, no concuerdan con el discurso oficial.
Por lo que toca a la equidad con que se utilizan los recursos públicos, el gasto agrícola y el destinado al desarrollo rural “no es equitativo, (porque) las simulaciones muestran que la distribución es uniforme para el 70 por ciento más pobre de los hogares rurales que reciben menos de 500 pesos per cápita al mes en subsidios por ese concepto, cuando el 10 por ciento más rico recibe, en promedio, más de 3 mil pesos per cápita al mes. Si se considera por separado, el gasto en desarrollo rural se distribuye en forma progresiva: el 20 por ciento más pobre de los hogares rurales recibe 33 por ciento de los beneficios; en cambio, el gasto en agricultura es extremadamente regresivo: más de la mitad se concentra en el decil más rico. El gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural. Los programas de desarrollo rural reducen el coeficiente de Gini (es decir, reducen la desigualdad) en alrededor de 14.2 por ciento, en tanto que el gasto en agricultura incrementa el coeficiente de Gini (es decir, hace aumentar la desigualdad) en alrededor de 6.7 por ciento”.
Sobre la eficiencia, advierte que “los resultados del análisis de regresión muestran que un aumento de 10 por ciento del gasto público en agricultura destinado a bienes privados como porcentaje del valor de la producción agrícola está asociado con una reducción de 2.6 por ciento del crecimiento del producto interno bruto (PIB) agrícola. Por otra parte, el gasto en bienes públicos agrícolas muestra un impacto positivo, aunque estadísticamente poco significativo, en el crecimiento del PIB sectorial. El hecho de que el crecimiento por peso gastado difiera considerablemente de un estado a otro indica que, en determinado nivel de gasto, la reorientación del gasto público para agricultura a aquellos estados donde produce el mayor impacto aumentaría el crecimiento del sector en todo el país”.
Además, los programas productivos sobre bienes públicos (infraestructura, investigación y desarrollo, por ejemplo) no cuentan con financiamiento suficiente; dos tercios de los programas productivos son programas de bienes privados (subsidios a personas y familias, transferencias monetarias, etcétera), y menos de un tercio del gasto en bienes públicos se destina a programas productivos; si bien casi todos los programas sociales están dirigidos a los pobres (incluidos los pequeños agricultores y los grupos vulnerables), muy pocos programas de agricultura están destinados a ese segmento de la población. Más de 95 por ciento del gasto en programas sociales está destinado a los pobres, y sólo 8 por ciento de los programas de agricultura está dirigido a ese segmento de la población.
En contraposición con la importancia del sector rural no agrícola, “el PEC denota una visión del desarrollo rural centrada en la agricultura. Alrededor de 70 por ciento del gasto en programas productivos se destina específicamente a actividades agrícolas. Los programas productivos que no están dirigidos al sector agrícola reciben sólo una parte del 30 por ciento restante, ya que la mayoría de esos programas también apoyan actividades agrícolas. Los programas agrícolas se inclinan hacia los bienes privados, mientras los programas rurales no agrícolas ponen énfasis en los bienes públicos. Más de 80 por ciento de los programas agrícolas promueven los bienes privados, mientras en el caso de los programas no agrícolas ese porcentaje es inferior a 25 por ciento”.
La estructura actual del gasto agrícola y el destinado al desarrollo rural en México “es, en gran medida, el resultado de decisiones adoptadas en el pasado con el propósito de subvencionar determinados sectores y regiones agrícolas, cultivos y otros aspectos de la actividad agraria. La mayoría de los subsidios se crearon independientemente unos de otros, debido a las circunstancias del momento, y una vez introducidos han sido difíciles de eliminar. El sistema resultante es complejo y está mal orientado, porque no tiene una estrategia a largo plazo bien definida ni un manifiesto fundamento socioeconómico”. Además, el PEC “no ha funcionado como mecanismo de coordinación de los programas de gasto agrícola y el destinado al desarrollo rural, como se había previsto, amén de que algunos de los actuales programas son incompatibles con las amplias y ambiciosas metas relativas al cambio climático, que contempla la Estrategia Nacional de Cambio Climático”.
Las rebanadas del pastel
Antonio Lozano Gracia asomó la cabeza, aparentemente como encargado de las “negociaciones” sobre el “desaparecido”. Entonces, ¡ya está!: si quiere encontrar a su socio el Jefe Diego de inmediato, ¡que llame a La Paca!
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