viernes, 2 de noviembre de 2012


TRASCENDIÓ Trascendió Nacional

Que todos los integrantes del gabinete de seguridad de Felipe Calderónse reunieron ayer con el priista Miguel Osorio Chong en una de las oficinas del equipo de transición
El encuentro duró más de cuatro horas y se centró en la integración de los diagnósticos y programas que presentarán al presidente electo,Enrique Peña Nieto, con base en la información recabada por las procuradurías estatales y organizaciones de la sociedad civil, así como los distintos modelos policiacos extranjeros.
Que, eso sí, en el gobierno federal aseguran que la administración deCalderón no ofrecerá ninguna cifra relativa a las muertes vinculadas con la violencia del crimen organizado al cierre del sexenio.
Desde hace unos meses, cualquier información relacionada con este renglón se remite a la base de datos sobre homicidios dolosos, sin diferenciarlos de las muertes que se dan por enfrentamientos entre bandas criminales. Y punto: Marisela MoralesAlejandro Poiré y Genaro García Luna no dirán ni pío y, obvio, los marinos y los militares menos.
Que con la llegada de Peña a Los Pinos cambiarán muchas cosas dentro y fuera de la residencia oficial.
Resulta que Gerardo Fernández Noroña ya dijo que en cuanto llegue el nuevo inquilino suspenderá sus protestas de cada mes ante la casa presidencial. Ahora se concentrará en convocar a un paro nacional el 20 de noviembre en el que llama a los mexicanos a no ver televisión y no comprar en supermercados. ¡Ya lo perdimos!
Que la fracción del PRI, que encabeza Manlio Fabio Beltrones, en la Cámara de Diputados ya hizo sus cálculos sobre la vigencia del bloque antipriista en el Congreso.
Su conclusión fue por demás optimista, pues consideran que tan pronto sea presentada la iniciativa peñista de reforma energética, se verá lo “efímero” de la alianza entre los “espurios” y “legítimos” de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que avizoran “reventará por sí sola”.
Que detrás de las acusaciones contra Sempra Energy, Luis Téllez Carlos Ruiz Sacristán, hay intereses de chantaje y extorsión por varias decenas de millones de dólares. La campaña lleva seis años ventilándose en Baja California.

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