México D.F., 19 de febrero (apro).- La Secretaría del Trabajo arremetió hoy contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, a quien llamó “prófugo de la justicia”, por los señalamientos que hizo en relación con el estado que guarda actualmente la mina de Cananea.
En un comunicado, en el que proliferan los adjetivos y los recargones, la dependencia que dirige el llamado “golpeador” del gobierno calderonista, Javier Lozano, argumentó que Gómez Urrutia no cuenta con una acreditación legal y moral para hablar sobre el asunto de Cananea, toda vez que le fue negada la toma de nota al incumplir los estatutos del sindicato minero.
'Nunca fue trabajador minero -Napoleón Gómez-. Además de ser un prófugo de la justicia y enfrentar un proceso de extradición', subrayó.
Según la STPS, es incongruente que Gómez Urrutia afirme que la mina, los equipos y maquinaria están en perfectas condiciones para ponerse en funcionamiento luego de 30 meses de abandono porque hubo destrucción, vandalismo, pillaje y deterioro, como lo señala, dice, el dictamen de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, en marzo de 2009.
La dependencia federal puntualizó que antes de que se resolviera judicialmente esa controversia todos los intentos conciliatorios de la autoridad resultaron infructuosos.
Explicó que el sindicato minero siempre antepuso a cualquier posible arreglo el pago de 100 millones de dólares por un supuesto 'daño moral', el retiro de las órdenes de aprehensión y el desistimiento de todos los juicios que pesan sobre Gómez Urrutia por el mal uso de 55 millones de dólares que pertenecen a los mineros.
Asimismo reiteró que la política laboral del gobierno federal en todo momento se ha conducido con estricto apego a la legalidad, absoluto respeto a la autonomía sindical, transparencia y diálogo social.
Además, sostuvo, ha tutelado invariablemente los derechos de los trabajadores, por lo que rechaza categóricamente que exista cualquier tipo de agravio o agresión al sindicalismo, cuando el compromiso ha sido mantener el equilibrio entre los factores de la producción.
En el comunicado, la dependencia abordó también la situación en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y reiteró que pretender ingresar a esa unidad productiva, dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen, sería absolutamente irresponsable.
Recordó que la secretaría carece de competencia para ordenar o permitir dicho ingreso y además reprueba y descalifica cualquier acción tendiente a poner en riesgo la vida de más personas.
Sobre las declaraciones del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien cuestiona la actuación de la dependencia, estimó que se trata de juicios de valor basados en conjeturas que carecen de sustento técnico, científico y legal.
'Si él contara con estudios serios sobre el asunto, lo lógico sería que los presentara ante las autoridades competentes, lo cual no ha sucedido después de cuatro años de la tragedia', puntualizó.
Agregó que resulta totalmente contradictorio que considere que la autoridad muestra desprecio por la vida humana, cuando precisamente lo que se ha sostenido es que dadas las condiciones de inseguridad que prevalecen en la mina no deben ponerse más vidas en riesgo
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