En una colaboración anterior (26/IV) exploraba la tesis de que, aunque la estrategia de Felipe Calderón para enfrentar a los cárteles de la droga fuera la correcta (cosa que dudo), llegaría al punto en que políticamente se hiciera insostenible, a menos que pronto se viera una significativa reducción de la violencia y recuperación de la seguridad. Es decir, que si de aquí a 2012 no se ven parte de los resultados previstos, los candidatos presidenciales preferirán abandonar esa estrategia y proponer una alterna. Eso mismo ya lo reconoce lo mismo nuestro gobierno que las agencias antidroga de Estados Unidos, y expresan su preocupación —o sus fantasías— al respecto. El propio discurso oficial en torno a los tiempos de esta guerra ha variado, dando tumbos. Frecuentemente, se ha dicho que no es posible esperar resultados en poco tiempo, dada la magnitud y profundidad del problema. Otras veces se asegura que, antes de que termine el sexenio, veremos una clara reducción de la violencia.
También, para justificar su estrategia, el gobierno ha echado mano de un sofisma —es decir, un razonamiento que parece correcto, pero no lo es—: que el incremento de la narcoviolencia es señal inequívoca de que los cárteles se han visto seriamente afectados y responden con violencia por una desesperación que preludia su derrota. No necesariamente. Podemos suponer que cualquier agrupación responderá a una agresión externa en la medida de sus posibilidades: es natural. Si tales posibilidades son grandes dado que, como en el caso de los cárteles, se dispone de mucho dinero y de armas, entonces la intensidad de su reacción será elevada. Pero eso nada dice de que la violencia implique que los cárteles se estén desmantelando. Refleja simplemente que, mientras tengan dinero, capacidad de reclutamiento y acceso a las armas, seguirán respondiendo con violencia en gran escala, lo que elevará los costos sociales y políticos de la estrategia gubernamental. Eso es lo que probablemente ha ocurrido en los últimos años, y seguirá sucediendo en los próximos, en tanto los capos tengan acceso al dinero y las armas (como todo hace suponer).
Se ha manejado también la idea de que, como 90% de los fallecidos pertenecen a los cárteles, se está ganando. Eso tampoco es verdad: en una guerra de guerrillas, pierde quien ya no pueda sostener la pelea, así sea por razones políticas, más que militares, no quien más bajas reporte (como ocurrió en Vietnam, por ejemplo).
La DEA, en voz de su director de Inteligencia, Anthony Placido, mantiene la tesis de que, “mientras más violencia, más cercano el triunfo”, pero expresa sus temores de que los resultados tardarán en verse después de 2012, pues eso implica el riesgo de que el próximo presidente tal vez no va a tener “las mismas ganas de perseguir a los delincuentes”. Y para que eso no suceda, sugiere “tumbar a los jefes de los cárteles en los próximos dos años” (5/V/10). Suponiendo que eso pudiera ocurrir, tampoco significaría que la violencia cediera: quizás al contrario, pues bien sabemos que cada capo capturado o muerto desata un incremento de narcoviolencia. Fernando Gómez Mont, por su parte, también prometió resultados antes de que acabe el sexenio, pero se precipita en la fecha: “Tal vez a finales de año”. No dijo por qué lo piensa.
La proyección de las cifras oficiales apunta, en todo caso, a que este año habría 13 mil muertes. Si terminando 2010, la tasa de crecimiento no ha cedido, cada vez más se empezará a dar por sentado que la estrategia fracasó.
Por otra parte, Felipe Calderón había señalado: “Podemos estar cazando y capturando criminales, pero si no arreglamos el problema de fondo, que es tener policías débiles, corruptas, ministerios públicos débiles, corruptos; jueces débiles, corruptos, no vamos a terminar nunca” (30/IX/09). Tal evaluación va en sentido contrario a las optimistas expectativas de Gómez Mont, pues no se ve que avancemos gran cosa en la corrupción policial y del sistema de justicia.
Por ejemplo: ¿cómo suponer que se podrá derrotar a los cárteles de la droga, si ni siquiera en los penales de “alta seguridad”, como Puente Grande, se puede evitar que los reos dispongan de armas largas? ¿Cómo esperar una victoria, si JoaquínEl ChapoGuzmán posee información confidencial de seguridad, filtrada necesariamente por altos mandos del gobierno?
¿Cómo confiar en la política anticorrupción de Calderón, si su secretario de Seguridad Pública se enriquece de manera poco clara?
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