TRASCENDIO

Que la renuncia del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, se debió al poco apoyo del Ejecutivo para su reelección, pese a haber tenido los logros más importantes en la historia del regulador: portabilidad telefónica, interconexión entre telefónicas, migración de AM a FM y las licitaciones de espectro más grandes en la historia del país.

En cambio, desde hace cuatro años no le ha dado Presidencia el reglamento interno de la Cofetel; le intentaron quitar facultades en radiodifusión (lo que incluso llegó hasta la Suprema Corte) y, recientemente, cuando se empezó a discutir entre los comisionados quién sería el nuevo titular, les llegaron sendas auditorías como señal que desde Los Pinos se quería incidir en la autonomía del regulador.

Así que Osuna mejor renunció para preparar su precampaña a la gubernatura de Baja California. Mientras, ya se barajan nombres para el relevo, la mayoría con asiento en la SCT. ¿Le suenan Hernández y De Swaan?

Que para no dejar dudas del contraataque ante los audioescándalos, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, irá este jueves a la cabeza del grupo de legisladores que entregará a la titular de la fiscalía electoral, Arely Gómez, una denuncia contra el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, por el presunto uso de recursos públicos a favor de los candidatos del PAN en los procesos electorales en 14 estados.

Que a propósito de la guerra de lodo, los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRD, Jesús Ortega, recibieron la confirmación del Consejo General del IFE para sostener una reunión el próximo martes en la sede del organismo electoral.

Los aliados irán a quejarse de la actuación de los gobernadores priistas y a demandar a los consejeros decisiones para frenar la intervención de los mandatarios en los procesos electorales en Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, encabezada por el panista Gustavo González, instalará en julio una mesa de diálogo con Gobernación, Sedena, Seguridad Pública, Hacienda y PGR para revisar la participación del Ejército en la lucha antinarco y recoger sus opiniones, antes de dictaminar la Ley de Seguridad Nacional.