Que la oposición haya ganado en tres entidades no significa que ahí no hubiera elecciones de Estado (con más claridad en Oaxaca y Puebla).
Las conclusiones fundamentales de los comicios del domingo han sido ya muy divulgadas. Conviene hacer algunos matices.
1) Que la oposición haya ganado en tres entidades no significa que ahí no hubiera elecciones de Estado (con más claridad en Oaxaca y Puebla). Significa simplemente que es posible superar tales obstáculos bajo ciertas condiciones no tan sencillas de lograr. En esos triunfos jugaron un papel central la coalición de PAN y PRD, pero también el contrapeso, no necesariamente legítimo ni legal, del gobierno federal, un mal candidato priista, así como una nutrida participación ciudadana. Tan es así, que tales circunstancias no pudieron ser superadas ni en Veracruz ni en Hidalgo, por más que los candidatos opositores no fueron abatidos por grandes márgenes de diferencia. Los resultados, aunque favorables a la oposición, no borran el hecho de que hubo numerosas trapacerías, infracciones graves y delitos electorales (que de nuevo quedarán impunes).
2) Tales resultados tampoco implican que hubo imparcialidad de varios institutos electorales. Que no hayan podido evitar o revertir resultados abrumadores contra los candidatos oficiales no implica que no lo hayan intentado (según se infiere de varios indicios y conductas de esos órganos). Habría, pues, que revisar la fórmula de conformación de los órganos electorales para garantizar mayor autonomía respecto del gobierno y de los partidos políticos. También, seguir discutiendo la conveniencia de que sea el IFE quien se encargue de organizar todos los comicios en todos los estados, pues al menos puede resistir mucho mejor los embates, las amenazas, las intromisiones y los intentos de compra por parte de los gobernadores. La estructura electoral estatal -institutos y tribunales- eleva el costo del sistema electoral mexicano en general, y no ofrece garantías de autonomía e imparcialidad. Que no sean capaces de revertir o evitar resultados abrumadores contra los candidatos oficiales no elimina dicha situación.
3) En Veracruz, en esta ocasión, al PAN le pareció importante generar certeza electoral, y por ello solicita una revisión voto por voto, pese a que la distancia que separa el primero del segundo lugar es cinco veces superior a la que había en 2006, cuando a ese partido la certeza no le parecía pertinente. Pero resulta que legalmente hoy hay más restricciones que en 2006 para realizar dicho recuento. En la elección presidencial había el marco legal suficiente para abrir los paquetes cuyas actas registraran inconsistencias aritméticas, y era lo conveniente según lo dijo el TEPJF en su sentencia del 5 de agosto. Que no se haya hecho así fue porque tanto el IFE como el Tribunal decidieron hacer a un lado tales posibilidades legales, favoreciendo así la estrategia de opacidad que le convenía al PAN en ese momento. Pero ahora sólo se podrá hacer el recuento total sólo en los distritos donde la diferencia entre los punteros sea, no de 3% como en Veracruz, sino de 1% o menos, o bien donde el voto nulo sea superior a la distancia entre punteros (como ocurre en Durango, en el resultado global para gobernador). Pero el recuento por distritos no arroja certeza salvo en los distritos que cumplan las condiciones, lo que no resuelve la falta de certeza en la elección de gobernador. Una clara deficiencia de la ley que debería corregirse antes de 2012.
4) En Tamaulipas y en Chihuahua no había dudas sobre qué partido ganaría. Pero dado el escalamiento de la narcoviolencia en estas entidades, la incógnita era si los ciudadanos se volcarían a las urnas para proteger la institucionalidad política frente al crimen organizado o si se sentirían intimidados para votar. Contrariamente a lo que ha afirmado en estos días el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, ocurrió lo segundo: en Tamaulipas hubo una participación de 12 puntos porcentuales menos que en la anterior elección para gobernador y, en Chihuahua, el descenso fue de 10% respecto de 2004. Lo que representa que el crimen organizado sí puede intimidar a un segmento no despreciable de la ciudadanía, que no se creyó eso de que "hay Estado para protegerlos".
Así pues, pese a que los resultados en algunos casos son una bocanada de aire fresco, en general no debe pasarse por alto que la calidad de la democracia electoral en este proceso sufrió un retroceso importante, lo que debe tomarse en cuenta para seguir pensando en cómo crear mejores condiciones para 2012.
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