jueves, 22 de julio de 2010

TRASCENDIO

Que los diputados federales del PRI festejaron en serio la resolución con la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IFE emplazar al presidente Felipe Calderón por la difusión de propaganda oficial en radio y televisión en los 15 estados que este año celebraron elecciones.

El principal promotor de la impugnación es el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, con el respaldo pleno de la bancada que encabeza Francisco Rojas.

Que, finalmente, este jueves René Arce y Víctor Hugo Círigo, junto con Jorge Carlos Díaz Cuervo, anunciarán la conformación de su partido político en el Distrito Federal.

Los dos ex perredistas encabezarán, junto con el ex social demócrata, un proyecto político de este corte al que denominarán Tercera Vía, para disputar espacios electorales del PRD.

Que el 18 de agosto, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados tendrá una reunión plenaria para revisar la posibilidad de impulsar una agenda legislativa conjunta con el PRD.

De lograrlo, aseguran, se allanaría el camino para algunas alianzas el año próximo, en especial en el Estado de México.

Que prospera entre consejeros del IFE la propuesta de Francisco Guerrero sobre la necesidad de que impere mayor equidad en las contiendas electorales, luego de que se han abierto 103 procesos administrativos sancionadores en lo que va del año. De éstos, 49 han sido interpuestos por partidos políticos, 33 se iniciaron de oficio, 19 por institutos electorales locales y dos por ciudadanos a título personal.

Que los diputados de la ALDF, en su segundo periodo extraordinario volverán a analizar, discutir y aprobar la Ley de Establecimientos Mercantiles, porque olvidaron el detalle de no definir qué tipo de locales deben utilizar medidas de seguridad.

Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Gobierno, tendrá que apechugar los errores en la malograda legislación que le fueron subrayados por el gobierno de Marcelo Ebrard.

De haber prosperado ese bodrio, los usuarios de tintorerías, tortillerías, papelerías, tiendas de abarrotes y negocios similares tendrían que pasar por arcos detectores de armas y explosivos, alcoholímetros y destacamentos policiacos afuera de cada establecimiento.

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