El supuesto cambio de director en la Comisión Federal de Electricidad sólo fue un mero acto burocrático (salió un funcionario zedillista-foxista-calderonista, para dejar el puesto a uno que es calderonista a secas) que no entrañó ningún cambio de fondo en la paraestatal. Con Elías Ayub fuera y Vivanco Casamadrid adentro, la estrategia en nada se modifica, pues la ilegal acción privatizadora se mantiene tan campante. Lo anterior, por si algún iluso llegó a suponer que el relevo en la paraestatal tenía como fin cuidar los intereses nacionales.
Obvio es que no fue así, y por ello sigue el desmantelamiento de la infraestructura del Estado para dar paso a la del capital privado en el sector eléctrico, como en tantos otros. En este contexto, “para abrir espacio a las nuevas centrales eléctricas construidas por el sector privado, la Comisión Federal de Electricidad tiene programados el retiro de unas 24 plantas (generadoras) entre 2011 y 2012 con el argumento de sustituirlas por centrales más eficientes (léase las de las trasnacionales)… CFE tiene contratadas obras con el sector privado para la construcción de centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones por casi 3 mil millones de dólares que deberán ser concluidas en la última parte del actual sexenio, según revelan informes de la paraestatal” (La Jornada, Israel Rodríguez).
Al 31 de diciembre de 2010, la paraestatal tenía firmados diversos contratos de obra pública financiada, cuyos compromisos de pago iniciarán en las fechas en que los inversionistas privados terminen la construcción de cada uno de los proyectos de inversión y le entreguen a CFE los bienes para su operación. “Los montos estimados de estos contratos de obra pública financiada y las fechas estimadas de terminación de la construcción y comienzo de operación están programadas desde enero de 2011 hasta noviembre de 2012. Estas obras se realizarán pese a que el margen de reserva se mantendrá alto hasta 2015. El margen de reserva es entendido como el exceso de capacidad sobre la demanda máxima esperada, para disponer de un margen de seguridad…. Los informes más recientes de la Secretaría de Energía revelan que el margen de reserva operativo se ubicaría alrededor de 27 por ciento en 2015, y seguirá descendiendo hasta alcanzar en 2025 un valor cercano a 19 por ciento” (ídem).
Así de fácil: a la basura las plantas generadoras del Estado para dar paso a las trasnacionales, siempre en el marco de la estrategia privatizadora del sector eléctrico otrora nacional (cuatro sexenios al hilo, de Salinas a Calderón), que todos ven avanzar vigorosamente, pero nadie hace nada por contenerla. Ya en enero pasado se conoció que “para abrir mayores espacios a la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene programado el ‘retiro’ de 11 mil 93 megavatios de capacidad del servicio público durante los próximos 15 años, según estipula la nueva Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025, elaborado por la Secretaría de Energía. La electricidad que dejará de producir la CFE equivale a una quinta parte de la actual capacidad de generación, que es de 51 mil 575 megavatios; también es comparable a la energía requerida para encender simultáneamente 110 millones de focos de 100 watts, uno por cada habitante del país, o el equivalente a la generación hidroeléctrica de toda la República”.
Antonio Vivanco director de la Comisión Federal de ElectricidadFoto Jesús Villaseca
De materializarse lo anterior (y por lo visto camina rápido), y sin considerar que la intención del grupo en el poder y sus gerentes que despachan en Los Pinos es avanzar lo más rápido posible en este renglón, en las fechas señaladas por la Secretaría de Energía (año 2025, con ganas de que sea mucho antes) alrededor de 75 por ciento de la generación eléctrica en México correspondería al capital privado, de tal suerte que la empresa del Estado (CFE) quedaría como simple cobrador y velador de los intereses particulares en el sector, mientras la Constitución se utilizaría como simple libro decorativo del bote de la basura. Como se constata, en este renglón el tal Felipe sí ha sido en extremo cumplidor de sus promesas y compromisos.
Como recientemente se mencionó en este espacio, por medio de 634 permisos (82 por ciento de ellos autorizados en los dos gobiernos panistas), la generación de energía eléctrica en el país por parte del capital privado (mayoritariamente trasnacional y, de éste, español la rebanada más gruesa) pasó de cero a mediados de 1994 a 48 por ciento en 2010 (54 por ciento si se incluye importación y exportación). De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, los seis primeros permisos (de ellos sólo uno para Pemex Exploración y Producción) se otorgaron en los últimos cinco meses del saliente gobierno salinista. Con Ernesto Zedillo en Los Pinos se otorgaron 110 permisos adicionales, y de allí el número creció a 634 con los panistas en la residencia oficial (293 de Fox, 225 de Calderón, hasta diciembre de 2010).
Tal otorgamiento de permisos para generación privada de energía eléctrica registra un incremento sostenido, que en poco más de tres lustros ha permitido que el 48 por ciento de la generación eléctrica en la República, constitucionalmente reservada al Estado, corresponda al capital privado. Y van por más, desde luego.
Las rebanadas del pastel
Allá por agosto de 2009 el inquilino de Los Pinos se congratulaba porque, según él, en nuestro país se está acabando la transa de las plazas magisteriales gracias a la voluntad de los propios mentores de someterse a un concurso para conseguirlas. Las plazas magisteriales ya no se venden ni se compran, ni se heredan, ni se transan. Pues bien, una vez más realidad mata discurso: “profesores de primaria denunciaron la venta del examen de evaluación del programa de carrera magisterial, mediante una ‘cuota de recuperación’ de entre 3 mil y 10 mil pesos. La prueba se aplicó ayer a miles de maestros en el Distrito Federal y el estado de México, quienes buscan obtener estímulos salariales que representan hasta 60 por ciento de sus ingresos. Los docentes, quienes solicitaron el anonimato, aseguraron que recibieron una ‘invitación’ de ‘grupos afines al charrismo’ (léase Elba Esther Gordillo y sus guajiros) para integrar grupos de diez compañeros para ‘hacer una vaquita’, en la cual cada uno aportaría entre 300 y 500 pesos por la recepción, mediante correo electrónico, de una copia de la prueba o de las llamadas ‘claves’ de respuesta del examen” (La Jornada, Laura Poy Solano). Lo bueno es que, según Calderón, se acabó la transa.
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